ES EL MOMENTO DE CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Desde el 28 de abril por la tarde escuchamos hablar de pactos, de geometrías variables y de otros asuntos relacionados con la formación del nuevo gobierno, todo ello en un clima de un saludable alivio que creo que alcanza incluso a gran parte del electorado de los partidos que más castigados han salido de las urnas. A medida que pase el tiempo se empezarán a escuchar o leer análisis más sosegados sobre el alcance y los límites de los que fue la jornada electoral, como este de Antoni Puigverd en La Vanguardia (ver aquí) Como es costumbre en él hace un análisis que va más allá de los titulares periodísticos de urgencia y plantea alguna interrogante de calado. No se ha producido ningún vuelco espectacular en el número de votos recibidos por la derecha nacionalista española (no sólo hay nacionalismo de derechas en la periferia) sino un reparto del mismo, porcentualmente han bajado un 3 % y yo añado para remachar el dato que en votos siguen sumando más de 11 millones, algún voto más incluso que hace tres años, quizá sea aventurado su vaticinio de que antes de 4 años la derecha ya habrá encontrado su cemento unificador, pero desde luego no es descabellado pensar que así sea.

El resultado en escaños es de vuelco porque dos factores se conjugan. En primer lugar un incremento de participación que no es nuevo ante una situación que se percibe como de excepción (los atentados del 11-M y las mentiras del PP sobre ellos en 2004, el miedo a la extrema derecha ahora) en la que se moviliza una parte de los votantes del PSOE que tienen el síndrome del Guadiana, aparecen en situaciones puntuales y desaparecen en el piélago abstencionista cuando se decepcionan. Entre PSOE, Unidas Podemos, Catalunya en Comú y Compromís (que en 2016 iban juntos) suman 900000 votos más a falta del escrutinio del voto exterior, lo que explica que la derecha mantenga votos absolutos y caiga porcentualmente 3 puntos. En segundo lugar, la prima de concentración de voto de uno de los bloques en las provincias pequeñas favoreció al PP en 2016 y ha favorecido al PSOE en 2019

Lo más importante de la opinión de Antoni Puigverd es que considera que la hegemonía de la izquierda no es tal, sobre todo en lo que respecta al modelo territorial que inevitablemente volverá a ser polo de atracción del debate político en la próxima legislatura, sea o no sea uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía española según las encuestas. El mapa pintado de rojo que estamos viendo repetidamente estos días puede tener más de ornamento que de obra consistente

¿Qué tiene que ver esto con el cambio de sistema electoral? Eso ya es algo mío y no aparece en el artículo. Hasta ahora había sido imposible modificar la sistema electoral adoptado por Suárez, cuentan algunos historiadores que como concesión a Manuel Fraga para que los suyos votarán a favor de la Ley de Reforma Política, en lo que se dio en llamar el harakiri de la Cortes franquistas: Fuera porque Fraga pensara que dar más peso a las provincias pequeñas, la España agraria más tradicionalista, le favorecería a él porque no contaba con que Suárez pudiera aprovechar tan bien estar en el poder como para crear de la nada la UCD y comerle la tostada que se dice coloquialmente, fuera porque Suárez introdujo deliberadamente esta fórmula de cara a sus negociaciones con la oposición antifranquista, la otra versión, lo cierto es que ninguno de los grandes partidos ha tenido nunca interés en cambiar las reglas de juego porque les favorecía a ellos y facilitaba el sistema del bipartidismo imperfecto, tampoco en Catalunya han tenido el más mínimo interés CiU y sus herederos ni ERC, por eso el soberanismo mantiene una ley electoral española que por lo visto no tiene nada de opresiva. Las normativas electorales se defienden o rechazan por el beneficio o perjuicio que cada uno obtiene de ellas, pero eso debe adornarse, dos han sido los argumentos con los que se ha justificado una norma a todas luces injusta, la primera es la de dar voz a los territorios menos poblados, la segunda dar estabilidad a los gobiernos evitando la fragmentación de un sistema proporcional puro, lo primero se puede corregir por distintos medios, lo segundo ha demostrado tener inconvenientes quizá más graves que la supuesta ventaja de la estabilidad política.

Los cambios políticos que se han producido en España en el último lustro han creado las condiciones para que todo el mundo pueda tener algún interés en cambiar la ley, la cuestión es encontrar la fórmula que permita que lo nuevo sea aceptable para un número suficiente de fuerzas políticas, analicemos como está cada una en relación a este tema.

Al PSOE le ha beneficiado en estas últimas elecciones el sistema, aunque no tanto como en el pasado porque ya no concentran en tan gran medida el voto de la izquierda, el voto útil ya no funciona como antes y es previsible que siga sin hacerlo. El PSOE conoce el funcionamiento de sus apoyos electorales porque ya se ha repetido la secuencia en otras ocasiones, moviliza a muchos votantes en situaciones de excepcionalidad que se van a la abstención con demasiada facilidad. No tiene un extraordinario interés en cambiar la ley electoral pero puede estar interesado en blindarse para evitar situaciones como la de la pasada legislatura

Al PP le pasa lo contrario, por primera vez desde el hundimiento de la UCD el sistema le ha perjudicado, puede tener expectativas de retornar a los huidos a la casa común de la derecha pero eso no está garantizado ni mucho menos, su incapacidad (temporal) de pactar con los nacionalismos periféricos le llevaría a apoyar sistemas que les quiten peso

A Ciudadanos le pasa algo parecido al PP, hasta ahora se sentía perjudicado por un sistema que en esta ocasión ha tenido un efecto neutro para esa formación. No tiene garantizado lo que desearía, rebasar al PP y conseguir ser el partido grande de la derecha que saliera beneficiado y tiene el riesgo cierto de que una recomposición del PP le vuelva a dejar en la zona de porcentaje de votos que sale penalizado con el actual sistema. Como el PP tiene interés en limitar el peso de los partidos nacionalistas periféricos

A Unidas Podemos y Catalunya en Comú el sistema le va mal, como le ha ido mal históricamente a Izquierda Unida. Su interés en cambiarlo es evidente

VOX seguramente no querrá hablar de nada con nadie, sería una actitud lógica siendo lo que son, pero en su primera comparecencia electoral potente está claro que se ha visto perjudicado

A los partidos con presencia territorial limitada, básicamente los nacionalistas vascos y catalanes, el actual sistema les prima, pero podrían estar interesados en evitar una excesiva capacidad del nacionalismo español más ultramontano que la ley vigente podría favorecer en otra coyuntura

Modificar la ley electoral implica un acuerdo muy amplio, para lo que es imprescindible que los hipotéticos perjuicios que pudieran derivarse para unos se vean compensados por los hipotéticos perjuicios que se les eviten, de la misma forma que los beneficios (siempre en términos de hipótesis porque no se conocen los resultados electorales futuros) deben comportar cesión de expectativas equivalentes. Lo que no es viable es pretender una modificación para que no puedan tener representación los que no te gustan (planteamiento de Ciudadanos en campaña) con la composición que ha quedado en el Congreso de Diputados: no es viable la imposición, afortunadamente

Nadie va a querer dispararse en el pie y eso significa que el punto de partida no puede ser un giro copernicano. De entrada nadie querrá perder lo que la norma actual le da. Planteo un ejemplo como muestra de que es factible buscar sistemas que no sean inaceptables para nadie. Posible punto de partida: se puede corregir la proporcionalidad a partir de los resultados que salgan del reparto hecho conforme a las normas vigentes. Mecanismo: reservar un numero de escaños para compensar a las formaciones que entren en el parlamento, y sólo a las que entren en el parlamento, asignando más diputados o diputadas a las que hayan quedado subrepresentadas, ninguna formación perdería escaños como consecuencia de este reparto de ajuste. Nadie tendría un perjuicio inasumible y el resultado no sería una distribución proporcional perfecta pero se acercaría bastante. Una simulación del sistema podría ser la siguiente, tras la distribución de los 350 escaños conforme al sistema actual se repartirían otros 50 para equilibrar la proporcionalidad, agotando las opción constitucional que mandata a constituir el Congreso con un número mínimo de 300 miembros y un máximo de 400

Las consecuencias habrían sido las siguientes con los resultados del 28-A:

El PSOE se quedaría en 123 escaños (es el único sobrerrepresentado en las elecciones del 28-A llevando los escaños a un Congreso de 400 representantes y mantendría el número de escaños conforme al reparto actual) pero la mayoría absoluta estaría más lejos, en 201 y no en 176, pierde margen de maniobra con este resultado, pero hubiera tenido más en la anterior legislatura y sabe o debiera saber que la fidelidad de su electorado no es consistente y le convendría curarse en salud

El PP pasaría de 66 a 69 en un parlamento con más miembros, efecto neutro en la práctica, mantener el actual sistema sólo le sirve en la hipótesis de que pueda recuperar su antiguo espacio.

C's pasaría de 57 a 66, mejoraría y siempre ha defendido la reforma de la ley electoral para que no fuera tan desigual, aunque aspire a sustituir al PP como partido de referencia de la derecha no es un escenario fácil de conseguir

UP-CeC, pasaría de 42 a 59, siempre ha defendido avanzar en proporcionalidad, debiera ser el que impulsara el debate e intentar que se avanzara hacia un acuerdo en esa línea

VOX  pasaría de 24 a 42, son los más beneficiados porque con su porcentaje son actual los más castigados por la falta de proporcionalidad, aún así el maximalismo puede llevarlos a no acordar nada

Los partidos que sólo se presentan en una comunidad se mantienen en escaños o tienen mejoras muy pequeñas, por lo tanto pierden peso en un Congreso con más representantes, Compromís, ERC y JxCat aumentarían en 1 escaño su presencia y PNV, EH Bildu, CC, NA+ y PRC mantendrían los escaños, por lo que perderían peso relativo en un Congreso con 400 miembros. Este grupo es heterogéneo, pero los partidos claves son los nacionalistas vascos y catalanes. La pérdida de peso relativo global puede verse compensada por la dificultad de que se repitan situaciones pasadas en la que partidos estatales con un componente de nacionalismo español fuerte no tengan mayorías absolutas con porcentajes de voto de poco más del 40 %. Las experiencias del segundo gobierno de Aznar y el primero de Mariano Rajoy y la incertidumbre del peso que pueda tener una fuerza frontalmente opuesta a los nacionalismos periféricos deben ser valoradas, sería casi una póliza de seguro, se paga en peso relativo una garantía no completa, pero sí importante si las cosas se tuercen. Por otra parte, como las dificultades para formar mayorías en solitario aumentan el juego de negociación se refuerza y es ahí donde tienen más capacidad de incidencia sobre las políticas estatales

Las elucubraciones anteriores son eso, elucubraciones, pero sirven para ilustrar que hay posibilidades que hasta ahora nunca había habido para modificar el sistema. el incremento de proporcionalidad es más respetuoso con la voluntad del electorado, es cierto que hace más complejo el juego de alianzas, pero eso ya está pasando porque el dique que ponía el sistema electoral no ha podido contener la desafección de gran parte de la población hacia los partidos turnantes. En lo que respecta al modelo territorial dificulta las unilateralidades y obliga al diálogo, una contrapartida a blindar el sistema autonómico o avanzar hacia el federal podría ser que en Catalunya se aplicara el mismo sistema para evitar situaciones como las vividas en las últimas legislaturas, en las que se confunde deliberadamente mayoría de escaños con mayoría en votos, por ejemplo

Puede parecer que una cuestión como esta responde a intereses de partidos y no tiene que ver con los temas que preocupan a la ciudadanía, nada más lejos de la realidad, la normativa electoral es uno de aquellos asuntos de la arquitectura de un modelo político que más influyen en las formas de gobernar, con un sistema más proporcional en España se tendrían que haber hecho más equilibrios desde la Transición hasta hoy, muchos de los vicios que se han desarrollado en el funcionamiento de la gestión pública hubieran tenido problemas para desarrollarse. Quienes defendemos que es falaz decir que en España no hay democracia no somos por ello acríticos con cómo funcionan las cosas, este de la ley electoral  es uno de los temas heredados del equilibrio de debilidades que fue la Transición que más urge cambiar, ninguna democracia occidental es perfecta, todas tienen defectos, la nuestra algunos muy graves como demuestra el juicio a los dirigentes del procés por algo tan desmesurado como una imputación de rebelión, con otra normativa electoral en Catalunya y en España muy probablemente se tendrían que haber buscado soluciones políticas a un problema político, tanto las huidas hacia adelante en que ha consistido el procés como la judicialización del problema hubiesen encontrado dificultades con una aritmética parlamentaria distinta. Lo mismo puede aplicarse a puertas giratorias, agresiones a los derechos laborales, etcétera. Es mucho lo que depende de cómo se cuenten y cuánto valgan los votos, para Unidas Podemos y Catalunya en Comú debiera ser una cuestión estratégica a la hora de hablar con el PSOE o tejer acuerdos con otros grupos, incluso antagónicos