dissabte, 23 d’octubre del 2021

Escrito urgente

Este es un escrito de urgencia de alguien que sabe que no tiene capacidad de influir, pero siempre es mejor sumarse a otras voces que quizá vayan en el mismo sentido.

Este fin de semana es el de mayor tensión en el gobierno de coalición, lo es porque a diferencia de otras situaciones de tensión anteriores en este momento hay dos temas de mucha trascendencia y la sospecha, como mínimo la sospecha, de que el socio mayoritario está por un giro al centro (de dudosa eficacia visto lo que pasó en Madrid) y el minoritario tiene alguna tensión interna en torno a cómo abordar el futuro.

Por un lado tenemos el caso del diputado Alberto Rodríguez, a mi modo de ver condenado por ser diputado de un determinado partido y no por ninguna supuesta agresión a un policía, los votos particulares de la sentencia tienen la coherencia que no tiene la condena. El lawfare funciona y le tiende a la coalición de gobierno una trampa para elefantes, pasarle al Congreso de los Diputadod la patata caliente de una inhabilitación tan discutible como para que los letrados del mismo consideren que no procede hacerla. Marchena ya fue puesto en evidencia por un tema similar, fue ponente del caso Atutxa en una sentencia que tumbó la justicia europea, y se cuida de quedar expuesto, en lugar de que sea el Tribunal Supremo el que adopte la medida presiona a la Presidenta del Congreso para que ella lo haga, con lo que Batet queda entre la espada y la pared.

Las dos partes de la coalición tienen argumentos razonables para justificar la decisión de la inhabilitación, unos, y el anuncio de querellarse por prevaricación, los otros. 

Pero esto se produce al mismo tiempo que la facción de la derecha económica (lo digo sin eufemismos y para que quede claro) presente en el PSOE vuelve a querer meter cazo en uno de los temas centrales del acuerdo de gobierno, la derogación de la reforma laboral del gobierno del PP. Vuelve porque ya ha interferido antes, con la diferencia de que ahora se está en el momento de abordar la conclusión de la negociación.

Hace un momento que he escuchado a Echenique decir que ambos temas no tienen relación, un absurdo más de los que oímos a veces. Cómo no van a tener relación dos temas de ese calado que se presentan al mismo tiempo, se habrán generado por vías diferentes, pero aparte de ser dudoso que hayan hecho aparición de forma simultánea por puro azar nadie con dos dedos de frente va acreerse que se pueda dar una salida a lo que está planteado que no sea conjunta.

Aunque mi opinión es estrictamente personal no hace falta mucha perspicacia para ver que mis simpatías en este choque están con Unidas Podemos, por tradición militante y porque en ambos temas creo que tienen toda la razón en la cuestión de fondo que defiende los representantes de la parte minoritaria de la coalición de gobierno. Al mismo tiempo, la experiencia me dicta la necesidad de mantener la cabeza fría, analizar el escenario en su conjunto y centrar los objetivos. Por una parte se tiene un problema que no tiene arreglo y que es de extrema gravedad aunque tampoco es el fin del mundo, Alberto Rodríguez tiene gran parte de la campaña hecha para las próximas generales, para encabezar la propuesta de UP en las próximas autonómica de Canarias o para lo que sea, ejemplos tenemos en Catalunya de có lomo sacar partido a martirios menos justificables. La cabeza de un diputado no tiene el mismo alcance que la de Dilma Rousseff, de momento no se atreven a tanto en el lawfare a la española que viene enseñando la patita desde hace tiempo (que se ande con ojo el presidente del gobierno porque tampoco está claro que vayan a parar viendo sentencias tan estrafalarias como la del estado de alarma del Tribunal Constitucional). La querella anunciada es un elemento de negociación si se es consciente de que la presión sobre Meritxell Batet la ha ejercido el presidente de la sala de lo penal del supremo que no es tonto y sabe lo que se hace, no se confunda al mensajero con el causante de la noticia y búsquese la forma de reconducir lo que sea posible reconducir, siempre quedara el agravio para recodar lo difícil que resulta culminar lo que ya parecía hecho.

Si no tiene ya arreglo lo de la inhabilitación sí que hay mucho por hacer en el tema de la reforma laboral, elemento central del pacto de gobierno que hay que exigir que se cumla y sobre el que debe centrarse toda la presión en este momento, la actitud de Yolanda Díaz esta mañana en el Congreso de CC.OO. apunta en el buen camino, firmeza al fijar objetivos y eludir polémicas que deben resolverse donde corresponde. La negociación colectiva debe recuperar su razón de ser, recuperando la ultraactividad de los conveios y la primacía del convenio sectorial, y la estabilidad en el empleo tiene que abordar temas tan serios como reducir la contratación temporal injustificada (lleva años siendo escandalosa más allá de las reformas laborales que se hayan hecho) o impedir que los ajustes de plantilla dependan en exclusiva de la voluntad de la empresa de proceder a despedir aunque no haya causas objetivas que lo justifiquen.

Este es un fin de semana complicado y habrá que ser inteligente, apoyarse en los aliados del proyecto de cambio que España merece y ser verdaderamente patriotas con los que más en precario trabajan y, en consecuencia, más en precario viven. Esta es una reflexión urgente, seguro que con muchas lagunas, que busca centrar los objetivos en lo esencial. Ojalá sea un granito de arena para introducir elementos de debate y reducir la visceralidad, mala consejera a la hora de decidir.


dimarts, 12 d’octubre del 2021

MADRID NO ES ESPAÑA, CATALUNYA DEBE ENTENDERLO

La gestión de la pandemia por parte de Díaz Ayuso puede tener un efecto imprevisto, el de poner de manifiesto que los intereses de los gobernantes de la Comunidad de Madrid no son los mismos que los de la mayoría de la ciudadanía española, rompiendo la impresión, hasta ahora dominante, de que el egoísmo territorial era cosa exclusiva de los nacionalismos periféricos. El comportamiento de los gobernantes madrileños ha tenido muchas similitudes con el de los dirigentes procesistas catalanes y ha levantado suspicacias y producido resquemores en el resto de España.

Ello es así no sólo por los comportamientos difícilmente comprensibles de Díaz Ayuso y sus seguidores, la pandemia ha coincido en el tiempo con el debate sobre la España vaciada y es difícil entender ese fenómeno y obviar el efecto aspiradora de la capital. Para rematar la situación son cada vez más los territorios que se cuestionan el modelo radial que concentra inversiones en Madrid y enfoca buena parte de las que se efectúan en otros lugares hacia Madrid. Se constata de forma cada vez más generalizada un sobredimensionamiento de la capital que va más allá del efecto de capitalidad y responde en gran medida a políticas orientadas a ese fin.

Un breve repaso a cómo llegamos al contexto actual. Hasta la llegada al poder de Aznar, más concretamente hasta su segundo mandato, España había vivido un proceso de descentralización política que, con todos sus defectos, acercó el gobierno de muchos servicios básicos a la gente. Con el Aznar libre de ataduras con los nacionalismos periféricos empezó a desarrollarse un programa nacionalista español extremadamente conservador que incluía el reforzamiento del poder central, tanto en materia de disposiciones legales como en políticas de infraestructuras y maniobras para centralizar las sedes sociales de las grandes empresas, algo que unido al dinamismo económico que proporcionaba la capitalidad ha ido atrayendo recursos. No se trataba de un centralismo de raíz jacobina al que no ha sido ajeno el PSOE en más de una ocasión, sino de una relectura del pacto constitucional desde la visión de un nacionalismo español identitario con una idea centralista de España.

Las políticas de los gobiernos centrales del PP estaban en sintonía con las de los sucesivos gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, convertir a la capital en centro de actividad de todo su entorno y ampliar este lo más posible es un objetivo que viene de lejos. Hace unos 20 años, en unas jornadas sobre horarios comerciales, me fue planteado abiertamente uno de los objetivos de desregular la apertura en domingo de los centros comerciales madrileños, era atraer como turismo de fin de semana a la población de toda la España interior y más: compras, cine, restauración y AVE en un mismo pack. La voluntad de convertir en subalternos al resto de territorios como programa de acción de gobierno no debe desvincularse del fenómeno de la llamada España vacía. En los últimos tiempos se ha expresado de forma simbólica, con toda la importancia que tiene lo simbólico, en el uso de expresiones como la de que Madrid es España o en crear en la comunidad una oficina del español. Si estudios como el del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas no fueran suficientes, la ausencia de complejos a la hora de expresar la voluntad de convertir a la parte en el todo también ayudan a generar recelos.

Se trata de una opción vinculada al nacionalismo esencialista español, con lo que dificulta el alineamiento con la construcción de un proyecto europeo democrático basado en la cesión de competencias de los estados nación clásicos.

La crisis sistémica de 2008 y sus consecuencias sociales y políticas ha permitido que en los países occidentales haya eclosionado un fenómeno creciente desde hacía décadas, la adhesión desacomplejada a visiones de la realidad basadas en identidades colectivas. Esas identidades pueden ser religiosas, raciales y, frecuentemente, nacionales. El procés catalán se ha alimentado de esa corriente y ha alentado el nacionalismo español que, como queda dicho, ya venía experimentando su propio desarrollo. No obstante, tanto la identificación como el rechazo de la españolidad se ha dado de forma generalizada en compañía de la reivindicación de la identidad propia, andaluza, catalana, gallega...El intento de reespañolización en clave centralista no ha conseguido que se haya dado la espalda al reconocimiento en las identidades particulares, con expresiones negativas como la emulación por envidia que vimos en las reformas de diferentes estatutos de autonomía para replicar al Estatut de Catalunya de 2006, pero también con otras positivas como el rechazo mayoritario a centralizar competencias y liquidar la organización territorial autonómica. 

En definitiva, la cruzada antiautonomista del nacionalismo español más extremo que se expresa en VOX no es compartida ni siquiera por el conservadurismo con aspiraciones de gobierno o que gobierna en las diferentes comunidades, al tiempo que aumenta el rechazo a la hipertrofia madrileña. Además del tema de la financiación, son cada vez más los territorios que se plantean la necesidad de pensar en objetivos globales y no en los de una parte del país. Las comunidades periféricas, de Galicia a Andalucía en el sentido de las agujas del reloj detectan problemas porque no se tienen en cuenta infraestructuras claves para ellas, como el corredor mediterráneo o una mejor conexión de todo el norte peninsular sin necesidad de pasar por Madrid, las comunidades más próximas a Madrid porque padecen el fenómeno de la España vaciada de forma más sangrante que otros territorios y están amenazadas de quedar en la irrelevancia. Presidentes como Feijoo o Moreno Bonilla coinciden en reivindicaciones con Ximo Puig y este se muestra muy activo en las iniciativas relacionadas con este tema. Eso sin olvidar que el ejemplo de Teruel Exise está animando a emulaciones, quizá coordinadas, de la España vaciada. Por razones distintas son curiosamente los gobiernos de Catalunya y Euskadi los que aparecen más pasivos, las comunidades que más influyeron en que España optara por la descentralización política hacen la guerra por su cuenta con el riesgo de perder una oportunidad para nada desdeñable.

Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, es el dirigente que más claramente ha manifestado su rechazo a la realidad descrita, pero también desde Galicia y otras comunidades se ha expresado el descontento puntualmente, sin mencionar que en las políticas púbicas frente a la pandemia del COVID nadie ha secundado la estrategia madrileña en ninguna comunidad autónoma. No se trata de ir contra los madrileños y madrileñas, sino contra un modelo que acaba perjudicando a la propia ciudadanía de esa comunidad que ve como todo se hace en beneficio de una especie de parque de atracciones para los bien situados económicamente y los visitantes de paso, mientras se deterioran los servicios básicos y buena parte de la población sólo participa de eso como el componente trabajador en precario que lo hace funcionar a cambio de las migajas.

Resumiendo, es un buen momento para plantear, más allá de una necesaria revisión del sistema de financiación autonómico sobre la base de criterios objetivos, una revisión del modelo territorial que busque reequilibrar social y económicamente, a partir de inversiones no radiales, de descentralización física de la administración central y de todo tipo de propuestas que den vida a lo que llamamos España vacía, por un lado y a los ejes mediterráneo y cantábrico, por otro.

A Catalunya le conviene que se avance en ese sentido, pero no está en condiciones de liderar abiertamente, por los recelos tradicionales, porque no se trata de que sea ni parezca una pugna entre dos gallos del gallinero y porque venimos de unos tiempos que no nos ponen en la mejor situación para hacerlo. Pero Catalunya sí debería moverse para que avancen propuestas en esa línea en lo distintos ámbitos donde sea posible, tanto en los que tenga un interés directo del tipo del corredor mediterráneo como en los que ese interés no sea tan claro. El desbloqueo de la situación política catalana nos lleva a un escenario trufado de gestos maximalistas, pero en el que pueden y deben abrirse paso medidas realistas. No será fácil, pero sí deseable que al menos una parte del nacionalismo catalán se plantee cómo intervenir en la construcción de un modelo territorial español, visto que la independencia no va a ser cosa de cuatro días.

Un requisito fundamental es conjugar dos realidades: tener claro que la cuestión catalana no es equiparable a la articulación territorial de Aragón o Castilla-La Mancha, por poner dos ejemplos, y que se necesitan complicidades para desarrollar mecanismos que reequilibren territorialmente España. Por supuesto, hay una premisa clara, a Catalunya le importa, y mucho, cómo se organice territorialmente España, algo que choca con los postulados del nacionalismo más ensimismado que plantea como discurso y estrategia la bilateralidad como única forma de relación con el gobierno español.

Para los intereses de Catalunya, mal que le pese a una pare importante de su población, es bueno que a España le vaya bien y que tenga un desarrollo territorial más armónico que el actual, le vendría bien esforzarse en la negociación del sistema de financiación dejando de lado las cuentas del Gran Capitán que continuamente aparecen, sin perder de vista sus intereses y buscando, al mismo tiempo, el acuerdo en mecanismos globales con criterios objetivos que refuercen la corresponsabilidad fiscal. Ese sería uno de los grandes temas a abordar en el nuevo modelo territorial, pero no el único, está lo citado anteriormente (ejes cantábrico y mediterráneo, inversiones no radiales o descentralización física de la administración central) las propuestas que cada cual planteará o la arquitectura institucional, con la función del Senado y los mecanismos para que los gobiernos autónomos tengan protagonismo en la decisiones estatales.

Todo ello tendría una saludable consecuencia, la consolidación de una visión nacional de España como un estado diverso, algo equivalente a una concepción no romántica de la nación española, sino basada en pactos de ciudadanía en base a derechos y obligaciones. Por supuesto, la contrapartida desde Catalunya sería que se abriera paso un idea de nación catalana de características equivalentes que falta le hace a la sufrida población catalana, hastiada una parte y frustrada la otra por la idea romántica de Catalunya que ha enarbolado el nacionalismo esencialista, equivalente al nacionalismo español tan justamente criticado.

Para concluir, España necesita desarrollar un modelo territorial más armónico que es a la vez una oportunidad de modernidad y una manera más natural de participar en el proyecto europeo, a Catalunya le interesa que eso se dé, entre otras cosas porque le ayudaría a salir de su ensimismamiento. No se trata de ideas abstractas de España y Catalunya, sino de la forma de vida de su ciudadanía. Harían bien los representantes políticos catalanes en no desentenderse de un debate como este, la oportunidad y las dificultades están ahí, de que prosperen o no iniciativas en esa dirección dependen muchas cosas.

diumenge, 23 de maig del 2021

PEAJE EN LAS AUTOVIAS Y EL DEBATE SOBRE LA FISCALIDAD

Casi todo el mundo quiere tener servicios públicos de calidad y sabe que para eso hacen falta impuestos, pero, como es lógico, a nadie le gusta pagarlos y siempre hay motivos para encontrar injusto cualquier tipo de tributo o tasa. En España tenemos un sistema fiscal insuficiente (el porcentaje de recaudación con respecto al PIB es varios puntos inferior a la media europea) e injusto porque en su conjunto grava más a las rentas salariales que a los beneficios empresariales, sea utilizando mecanismo de elusión fiscal o directamente como consecuencia del fraude. Adelanto una conclusión final, hace falta una reforma integral del sistema fiscal y no sólo parches para paliar los problemas recaudatorios que tenemos.

En ese escenario cualquier medida que implique pagar genera un alud de críticas por muy fundamentada que esté o por poco fundamento que tenga, lo hemos visto con la tasas turísticas, con las zonas azules y verdes de aparcamiento, con el llamado impuesto al sol, con el impuesto de sucesiones, etcétera. Y en ese escenario se nos cuela en el debate político un tema que se presenta como nuevo aunque no lo es, el del cobro de peajes por el uso de las autovías. Esta entrada es un intento de situar el tema a partir de los postulados que debería tener en cuenta una propuesta progresista en materia fiscal.

En la anterior entrada en este blog, comentando La pandemia del capitalismo, el libro de Joan Coscubiela (aquí), se apuntaba cómo sería el sistema fiscal en la utopía a la que podría aspirar un proyecto progresista. Los impuestos directos muy progresivos serían la principal fuente de ingresos públicos y los indirectos se limitarían a los que buscarán incentivar o desincentivar comportamientos socialmente perjudiciales. De lo que se trata es de situar el análisis en esa perspectiva, es decir, en si encaja un peaje generalizado en el modelo de fiscalidad deseado como meta o en si se desvía de dicho objetivo.

Primero hay que situar el tema, lo de imponer algún mecanismo de pago por el uso de la red de alta capacidad libre de peajes tiene ya cierto recorrido, hace ya bastantes años que está sobre la mesa el asunto de la euroviñeta, pensada en especial para transportistas y que es, en esencia, una cuota fija por determinado tiempo. Más reciente es la idea de implementar un pago por uso para equilibrar las cuentas públicas, como hizo Portugal mientras en España los gobiernos de Rajoy subían impuestos y cuotas de autónomos y recortaban en gasto público (sanidad y educación de forma destacada). Hace unos días informaba la cadena SER de que unos meses antes de la moción de censura a Rajoy, su ministro Iñigo de la Serna trabajaba con la idea de implantarlo en 2021, de hecho ya en 2012 lo llegó a plantear Ana Pastor, por entonces Ministra de Fomento (aquí). Puede que se tratara de un globo sonda, puede que esta vez sea sólo otro globo sonda de los que parecen del gusto de algunos ministros y ministras actuales del área económica. Sea como sea, el tema ha salido y está claro que se piensa en él como mecanismo para incrementar la recaudación más que como formula (que podría ser un añadido de matiz) de orientar comportamientos en el uso del vehículo privado, algo que, por otra parte, está pasando en Europa, donde hay una tendencia a aplicar formulas emparentadas.

El tema es más complejo de lo que puede parecer porque, como pasa con casi todo en esta vida, una medida general afecta de forma muy distinta a colectivos en situaciones muy diferentes. En la izquierda verde de la que algunos nos reclamamos tenemos un cierta tendencia, yo me incluyo, a bendecir todas las propuestas que graven el uso del vehículo privado y a veces hay que hilar más fino, esforzarse en distinguir, entre las voces de protesta ante cualquier medidas que implique pagar, la parte de razón que siempre hay en alguna medida.

De entrada, está claro que es un gravamen que hay que colocar en el cesto de los impuestos indirectos, los que paga todo el mundo en la misma cuantía sean cuales sean los ingresos de cada uno. En consecuencia, sólo nos puede servir, desde una visión progresista, por dos razones: la primera como mal menor, siendo conscientes de que nos aleja del sistema fiscal al que aspiramos pero evitando algo más indeseable, el caso hubiera sido aplicable en el periodo de recortes de la última década, mejor una tasa de este tipo que lo que se hizo con partidas muy sensibles del gasto público; la segunda razón sería que su implantación fuera útil para orientar el modelo de movilidad existente hacia algo más racional y sostenible ambientalmente y más justo en lo social. Lo primero no se hizo en su día y hoy en lo que debiéramos estar es más bien en lo segundo, el esfuerzo fiscal para incrementar la recaudación, algo imprescindible, debe centrarse en los impuestos que gravan la riqueza con tasas que fomenten cambios de hábitos, ¿es ese el caso del peaje en las autovías?

La respuesta es que sí y no, depende de cómo se plantee. Para comenzar lo ideal en una carga que pretenda cambiar hábitos es que su recaudación sea finalista, es decir, que lo recaudado se destine a proyectos que ayuden a fomentar nuevos comportamientos en la materia. En este caso ni siquiera se formula que el objetivo sea fomentar el uso de medios de transporte alternativos, como mucho se deja caer que quizá haya precios diferentes para los turismos menos contaminantes como los coches eléctricos. Así es difícil que siga una propuesta de destino consecuente, como invertir en el fomento del transporte público. Se hace además de forma generalizada en todo el territorio, sin valorar las necesidades y posibilidades de hacer uso de esos medios alternativos. Si el objetivo fuera reducir la emisión de gases, de efecto invernadero o simplemente perjudiciales para la salud y el medio ambiente, serían deseables tratamientos diferenciados. A continuación se apunta algún ejemplo.

Los transportistas fueron de los primeros en hacerse oír, planteando que si se establecía un peaje en todas las autovías ellos quedaran excluidos, Justamente es el sector que debiera pagar en todos los casos y por varias razones.

Si se tratara de un pago por uso con la finalidad de costear el mantenimiento, opción que se ha dicho no es a ideal pero parece estar en el origen del planteamiento, son los vehículos que más desgaste producen por su propio tonelaje, tanto en el caso de autocares como, especialmente, en el camiones.

Pero no es la única razón ni la más importante, una que no se suele plantear es que nada justifica que la principal infraestructura de esas empresas se pague con recursos públicos, ya se construyen las autovía y carreteras con dinero público y se presenta como lógico que el mantenimiento sea también a cargo de los impuestos corrientes y que una actividad empresarial se organice sobre esa base. Los bares que tienen terrazas pagan por el uso del espacio público, casi todas las empresas se hacen cargo de las inversiones en instalaciones y maquinarias necesarias para desarrollar la actividad productiva, en el caso del transporte por carretera eso no es así, basta con tener unas oficinas y un local para aparcar los vehículos (no siempre, muchas veces se quedan en la calle) y hacer algunas operaciones de carga y descarga: la inversión principal corre por cuenta de otro. Es como si una empresa privada de transporte por ferrocarril hiciera uso de la red de vías construida por otro sin abonar nada por ese uso, o que el transporte aéreo dispusiera de rutas e hiciera uso de los aeropuertos de forma gratuita.

Relacionado con lo anterior está el tercer motivo para que las empresas de transporte sí paguen por el uso de la red de autovías y carreteras, se ha fomentado el uso de este medio de transporte con inversiones ingentes en la red de carreteras y con unas políticas laborales que han facilitado el abaratamiento del coste de la mano de obra en el sector por la vía de la subcontratación o de convertir en autónomos con nula autonomía a buena parte de los trabajadores, como pone de manifiesto la comparación del tamaño de la empresas de transporte de mercancías por carretera de España y, por ejemplo, la vecina Francia. El resultado es una utilización casi ridícula del transporte de mercancías por ferrocarril en comparación al resto de países de nuestro entorno, si se hubiera hecho una parte del esfuerzo inversor que se ha hecho en la red de autovías y carreteras y en la alta velocidad en tren en la red de ferrocarril convencional no sería esa la situación. Sea como sea, es una de las actividades en las que son precisas medidas para fomentar un cambio de usos, no basta con hacer que lo que pague el transporte por carretera se acerque al coste real de las infraestructuras que usan y su mantenimiento y hay que hacer más cosas, pero es una de las medidas necesarias.

En definitiva, el transporte por carretera debería de pagar por el uso de las autovías y carreteras convencionales y con un precio acorde con el desgaste que realizan, incluyendo, por supuesto, los camiones de otros países que circulan por esas vías. Lo contrario es fomentar, descontando parte del coste generado por la actividad, un tipo de transporte que en el caso de las mercancías sería conveniente traspasar al tren en buena medida.

El resto de vehículos, turismos y motocicletas, no pueden tener igual en todo el territorio porque no hay situaciones homogéneas ni usos equiparables. Se plantean algunos casos y seguro que existen más situaciones que se podrían tratar.

En los grandes núcleos urbanos y sus áreas metropolitanas el pago por uso del acceso debe enfocarse como una medida finalista y que busque el trasvase del vehículo privado al transporte público o a vehículos compartidos. La variedad de mecanismo para fomentarlo es muy amplia y en cada caso puede ser útil una fórmula distinta, desde el peaje para acceder al centro de las ciudades, al parking disuasorio en los accesos y junto a paradas del transporte público, el peaje diferenciado en función de la ocupación del vehículo, la reserva de carriles para el trasporte público en la vías interurbanas, dificultar el aparcamiento en vía urbana a los vehículos de otras zonas que no transporten mercancías y otro tipo de planteamientos que van apareciendo. Siempre, en el caso de que la medida comporte algún tipo de recaudación, la totalidad del ingreso debe revertir en mejoras de la red de transporte público y facilitar su uso.

En el caso de los turismos y motocicletas en las vías alejadas de grandes conurbaciones, la implantación de un sistema de pago por uso fue respondida en las redes sociales en cuanto se hizo el anuncio, en el sentido de que para la movilidad en las zonas rurales no puede utilizarse un transporte público que no existe o es manifiestamente insuficiente. Podría actuarse con desdén aplicando aquello de que todo el mundo se queja cuando se trata de pagar, o con el desprecio clásico del urbanita que todo lo arregla con lo de que los payeses siempre se quejan de todo, pero lo cierto es que en esta ocasión la queja es fundamentada. En estos casos se hace pagar por el uso sin que haya opción de incentivar un cambio modal, con lo que se convierte en un simple impuesto indirecto de los que deberíamos intentar sustituir por tributos directos progresivos. A mayor abundamiento, se gravaría el uso del vehículo privado por parte de los residentes en zonas densamente pobladas justo cuando acostumbra a hacerse un uso más racional del coche, en los desplazamientos vacacionales en los que la ocupación es mayor (acostumbra a ir la familia) frente a la preponderancia del uso individual del coche a diario y por motivos laborales. Con el tema del uso del espacio tenemos un problema complejo que requiere de proyectos que abarquen muchos aspectos, entre ellos el de la movilidad. Si de verdad quiere abordarse el debate de la España vaciada, también el de la Catalunya vaciada, y hacerlo compatible con un impacto ambiental positivo, hay que ser consciente de que la ciudad permite gestiones más racionales de muchos recursos, pero que el poblamiento de las zonas rurales y un uso racional de sus recursos son imprescindibles. No hay espacio aquí para desarrollar un tema tan complejo, pero sí para constatar que el pago por el uso de las vías de comunicación es tomar una decisión que, cuando menos, no sabemos si va bien orientada.

Frente a lo dicho hasta ahora existen argumentos que apuntan a lo contrario. Es conocido el caso de algunas personas que tras obtener premios cuantiosos en algún tipo de lotería acabaron arruinadas porque, entre otras cosas, compraron mansiones y vehículos carísimos sin tener en cuenta que los gastos de mantenimiento de los mismos no se pueden cubrir sin una fuente de ingresos continuados. En España ha pasado algo parecido, invertimos muchos de los fondos europeos de los que durante años dispusimos en dos tipos de infraestructuras, la red de autovías y la red radial de ferrocarril de alta velocidad, visto en perspectiva hubiese sido mejor una red no tan extensa de autovías sin peaje y menos kilómetros de AVE y a cambio haber invertido más en el tren convencional y en equilibrar el desproporcionado uso de transporte de mercancías entre carretera y ferrocarril. Lo cierto es que no fue así y que ahora tenemos unos gastos de mantenimiento de las infraestructuras que se hicieron que gravan en exceso el gasto público en detrimento de otras partidas. Desde esa óptica se puede presentar como mal menor el pago por el uso para que los gastos de mantenimiento de la red viaria no perjudiquen a otro tipo de gasto público que se considere imprescindible. Es decir, estaríamos en un escenario de optar por algo que se aleja del modelo fiscal al que se aspira a largo plazo, pero que resulta menos perjudicial que otro tipo de medidas.

En cualquier caso, lo que resulta obvio es que es necesario un planteamiento global de una reforma fiscal en España, porque recaudamos mucho menos que en los países de nuestro entorno y porque lo hacemos de una forma muy injusta. Lanzar propuesta parciales, y mucho más hacerlo a modo de globos sonda para ver que reacciones despiertan, no parece una buena solución. La necesidad de incrementar los ingresos fiscales deriva de la insuficiencia de nuestro sistema, pero también de la necesidad de afrontar los retos que nos deja la actuación contra las consecuencias de la pandemia que aún padecemos, hay que modificar el actual sistema con una visión integral, incluyendo la corresponsabilización de la Comunidades Autónomas en el debate pendiente sobre la financiación, para alcanzar un sistema que genere recursos suficientes y reparta las cargas con mayor justicia, la progresividad como enfoque básico y la imaginación para burlar las muchas dificultades que tiene abordar ese tema nos dirán si hay que gravar por el uso de la autovías, a quién y de qué forma, pero siempre dentro del modelo global que se diseñe, no como parches mal pegados, que decía mi suegro de todos sus yernos.

dimarts, 11 de maig del 2021

ALGUNAS REFLEXIONES INSPIRADAS POR EL LIBRO DE JOAN COSCUBIELA LA PANDEMIA DEL CAPITALISMO,

Cuando publiqué en twitter que había comprado el libro de Joan Coscubiela La pandemia del capitalismo me dijo que ya le comentaría algo, como el libro da para muchas reflexiones mejor hago una entrada en mi blog. Una entrada que ya adelanto que será tramposa y aprovecharé para hablar de mis propias cabòries, como diría mi gallega madre influida por el catalán de los amos de las casas donde limpiaba.

Con los escritos de Coscubiela, sean libros o artículos, padezco una especie de síndrome desarrollado hace años, los afronto desde la convicción de que estaré de acuerdo con la inmensa mayoría de lo que se plantee pero con la casi obligación de buscarle matices. Los sigo viendo como informes generales que se van a debatir en los órganos de dirección del sindicato.

Y, en efecto, La pandemia del capitalismo tiene algo de informe de situación en el que no falta la premisa de enmarcar el contexto presente en la corriente de fondo que lo condiciona todo, en este caso la pandemia como detonante y amplificador de muchas de las tensiones y contradicciones que han aflorado desde la crisis de 2008, aunque el Coscu prefiere usar la fecha de 2010, en que se aplicaron con toda intensidad las medidas impuestas en aras de una mal llamada austeridad.

Hay en la obra reflexiones propias de reciente elaboración, encaje de ideas de otros autores que han ido apareciendo en los últimos años, entre las que destacan las procedentes de Tomas Piketty y Daniel Innerarity, y planteamientos que vienen de lejos, como ese fundamental de que en el actual momento del capitalismo (digamos desde los años 80) los ganadores no son los que arriesgan sino los que externalizan riesgos, herencia de la elaboración del intelectual colectivo que es CC.OO. Por cierto, cómo se echa de menos el intelectual colectivo en la izquierda alternativa española y catalana, con hiperliderazgos mediáticos que es cierto que son difícilmente prescindibles en la sociedad en la que vivimos, pero lastradas ambas por la ausencia de un debate de ideas que supere un círculo cerrado de la dirigencia y por la ausencia de organización extendida en el territorio.

Coscubiela sabe relacionar la coyuntura y las cuestiones estructurales. El modelo de funcionamiento de la economía que se hizo hegemónico a partir de los mandatos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, unido al poder de dicho modelo de funcionamiento económico sobre el todo lo demás, está en el origen de buena parte de los problemas que emergen con las dos crisis sobrevenidas en los últimos años. La desigualdad creciente, inherente a los postulados neoliberales que sólo han sido liberales en cuanto a la capacidad del capital para hacer lo que le viniera en gana, se unió a la crisis económica de 2008-2010 que también provocó el funcionamiento del modelo económico que a su vez impuso las recetas, las mal llamadas políticas de austeridad, y generó el cóctel de percepciones negativas que se están expresando en formas diversas en los llamados populismos. La nueva crisis, sanitaria en su origen, incide sobre lo mismo.

Y es que el libro también pone de manifiesto la relación de lo más global con lo más particular. La globalización sin reglas (o con las reglas que interesan a la minoría que concentra un gran poder económico) y el crecimiento mitificado como el gran objetivo de la humanidad provocan tanto la impotencia de los estados-nación que se han configurado en los dos últimos siglos para gobernar su propio territorio como la generación de pandemias por el contacto habitual con especies con las que hasta hace poco la relación del ser humano era muy esporádica.

Es en el apartado de las propuestas en el que voy a extenderme más. La pandemia del capitalismo introduce elementos del tipo de sociedad a la que aspirar, de hecho, la cuarta parte parte lleva por título La utopía de un nuevo pacto civilizatorio Es difícil no compartir desde una visión progresista lo que dice Coscubiela y creo que aporta elementos a un debate imprescindible para poder transformar la realidad, el de la utopía a la que aspiramos. Me explico porque lamentablemente el término utopía acostumbra a ser usado en tono peyorativo, cualquier proyecto de sociedad a la que se aspire debe tener un modelo imaginado que sirva de referencia, una especie de prototipo. La existencia de dicho modelo tiene dos funciones para una propuesta política de transformación de la sociedad. La primera parece obvia, servir para orientar las decisiones que se adopten y que estas vayan en la línea de acercarse a dicho modelo, incluso para ser conscientes de que se va en sentido contrario en determinado momento para evitar un mal mayor, eludiendo considerar una victoria lo que es en realidad una derrota, aunque sea menos negativa que otro posible resultado. La segunda función es permitir dar la batalla por la hegemonía de las ideas y requiere alguna explicación más

Ofrecer una alternativa a la organización económica y social del presente es la única forma de sumar apoyos conscientes y coherentes, el soporte a propuestas puntuales no puede serlo a un proyecto global si este no existe, quizá esto explica en parte que se vote a opciones políticas conservadoras pero mayoritariamente nos consideremos de izquierdas, uno por estar a favor del aborto, otro por estar de acuerdo con acoger refugiados, el otro porque considera un problema grave el cambio climático, el de más allá por estar contra una estructura del estado que considera regresiva porque tiene como modelo el centralismo franquista, etcétera. Por contra, si ese proyecto global existe permite articular un programa completo de propuestas y abrir el debate sobre la organización económica y social en su globalidad. La consecuencia práctica de la disputa en torno al modelo de sociedad es que mejoran las opciones de transformarla, si hay un modelo que suscita apoyos la contraparte debe ceder para evitar el riesgo de perderlo todo y acaba asumiendo como buenas medidas que objetivamente le son perjudiciales. A modo de ejemplo, el socialismo que Marx y Engels presentaron como meta de la lucha de la clase obrera por su emancipación alentó la organización en partidos y sindicatos obreros que consiguieron introducir mejoras en las condiciones de la clase a la que representaban, algo que se aceleró tras la Revolución Rusa y la derrota de los fascismos porque las clases propietarias asumieron como necesario redistribuir parte significativa de sus ganancias. En la medida en que la URSS y sus satélites desvirtuaron el sentido de la sociedad utópica a la que debían avanzar se produjo el rearme ideológico del capitalismo que recuperó la hegemonía con el horizonte, también utópico, de una sociedad donde la generación de riqueza no tendría límite y su distribución, por desigualitaria que fuera, permitiría a todo el mundo vivir mucho mejor que en cualquier otro momento, en ese contexto las clases trabajadoras han ido aceptando como convenientes medidas que objetivamente les eran perjudiciales, como reducir impuestos a las rentas más altas y equilibrar las cuentas reduciendo el gasto social, es decir, revirtiendo lo que se había hecho en las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial

Tener una utopía no garantiza nada, pero no tenerla impide avanzar hacia ningún tipo de objetivo, conduce a dar bandazos y, finalmente, salir derrotados, probablemente lo que le ha sucedido a la socialdemocracia clásica asumiendo el oxímoron que implica el término social-liberal. Pero la propuesta de sociedad a la que se pretende avanzar debe adaptarse a las transformaciones sobrevenidas, la sociedad que prometía el neoliberalismo  es anterior a la llegada al poder de los políticos que la aplicaron y distinta, aunque heredera, del modelo del liberalismo clásico de Adam Smith y los que le siguieron en el siglo XIX, De igual manera, la utopía de una sociedad sin clases tal y como la imaginaron Marx y Engels debe inspirar la propuesta que se haga como alternativa al modelo actual, pero no sirve tal y como fue planteada en la segunda mitad del s. XIX, no sirve porque es fruto de un tiempo que no es el presente y no contempla, por ejemplo, los límites del planeta frente al crecimiento. Lo que propone Coscubiela y otras aportaciones debieran ser objeto de debate amplio para construir las bases del proyecto. Ideas ya hay, pero falta articularlas. En lo que sigue voy a intentar describir algunas de las características, interrelacionadas siempre, de la utopía posible, sin olvidar que al final, como hace el libro, hay que actuar en el mientras tanto, lo que Vázquez Montalbán describió con su agudeza característica: No hay verdades únicas, ni luchas finales, pero aún es posible orientarnos mediante las verdades disponibles contra las no verdades evidentes y luchar contra ellas.

La economía capitalista tiene como fin conseguir la mayor tasa de beneficio para el capital invertido, la mano invisible del mercado se encargaría, en la utopía liberal originaria, de hacer que lo producido cubriera las necesidades y se generara un crecimiento ilimitado, de esa forma, el interés individual se transformaría en bienestar colectivo. A pesar de las evidencias de que las cosas no funcionan así en la práctica se sigue defendiendo básicamente lo mismo dos siglos y medio después de publicarse La riqueza de las naciones, con una panoplia impresionante de fórmulas matemáticas al servicio del planteamiento. La utopía alternativa (el nuevo pacto civilizatorio del que habla Joan Coscubiela) necesita otro paradigma económico: la finalidad de economía debe ser atender las necesidades de la población con una incidencia medioambiental neutra, lo que implica garantizar la producción de bienes y servicios que satisfagan, en primer lugar, las necesidades básicas de la población mundial, con unos métodos y una organización de la producción que supongan una huella ecológica asumible por el planeta y una distribución de la riqueza producida que evite las desigualdades estructurales. Mantener la concepción actual, pese a la demostrada capacidad de adaptación del capitalismo, resulta de difícil encaje con preservar el planeta o puede asomarnos, incluso, a distopías como el uso del big data por parte de un puñado de personas, algo que también se apunta en el libro que inspira esta entrada

La atención de las necesidades básicas es un objetivo expansivo y planetario. Expansivo porque las necesidades básicas tenderán a ser más amplias, del acceso al agua potable se pasará a la disponibilidad de agua corriente y de ahí al agua caliente, de tener una alimentación suficiente a disponer de alojamiento adecuado, atención sanitaria y educación y de ahí a tener acceso a bienes culturales, practicar actividades físicas de ocio, etcétera. Planetario porque la cobertura de las necesidades básicas será universal por solidaridad y por interés mutuo, para evitar conflictos enquistados y procesos migratorios masivos por razones económicas o políticas. El colapso de la globalización es un escenario tan indeseable como que el proceso siga desarrollándose como hasta ahora.

La iniciativa privada no es incompatible con cubrir las necesidades básicas, lo que sí es incompatible es la lógica capitalista de obtener el máximo rendimiento posible para el capital invertido. Es incompatible, por ejemplo, que haya habido carestías de productos de alimentación básicos como los cereales porque se especulaba con esos productos en los mercados de futuros, algo que puede pasar (también avisa el libro) con la substancia básica para la vida, el agua, que justo este año ha empezado a formar parte de esos productos con los que se especula en los mercados de futuros. Así pues, garantizar el acceso universal a la cobertura de las necesidades básicas estará garantizado por la producción pública de bienes o la prestación pública de servicios, o por la regulación de la actividad privada en aquello que afecte a dicha provisión de bienes y servicios. Regulación que será cada vez mayor por el carácter expansivo que tendrán las necesidades básicas.

Para que la huella ecológica sea neutra, todo proceso de producción deberá tener una una huella neutra, en los caso en los que la tecnología no lo permita deberá haber compensación. Pero esta formulación es insuficiente, tanto en el mientras tanto como en la utopía final deberá imponerse la idea de austeridad planteada por Enrico Berlinguer (y recogida por Coscubiela) en 1977:  "Para nosotros, por el contrario (en referencia a la idea de austeridad de las fuerzas conservadoras), la austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas son el derroche y el desaprovechamiento, la exaltación de los particularismos y de los individualismos más exacerbados, del consumismo más desenfrenado. Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años que se acumulan". El consumismo asociado al modelo capitalista actual no sólo es incompatible en términos ecológicos (no descartemos que se adapte y con el reciclaje y el reaprovechamiento le dé la vuelta a la situación) sino que también lo es en cuanto a valores.

El individualismo es antinatural, la especie humana es un animal social y no individualista, la necesidad de los trabajos de cuidados ha quedado patente en la crisis pandémica en la que vivimos, aunque no debemos dejar caer en saco roto el alto predicamento de las políticas basadas en no frenar la economía que no tienen sólo un componente negacionista, también ha habido otro, menos aparatoso y llamativo aunque quizá más extendido y desde luego más cínico, elde que no se puede sacrificar el supuesto bienestar de la mayoría por alargar unos meses la vida de personas mayores que ya han cumplido su ciclo vital, formulación fría que no parece haber pasado factura a Isabel Ayuso en Madrid (aunque al final la economía se ha frenado igualmente) porque muchas personas han aceptado ese mensaje con un envoltorio de resignación cristiana siempre que esos mayores no fueran uno de su círculo, me atrevo a pensar que incluso en ese caso.

Los trabajos de cuidados siguen siendo un caso especial del trabajo asalariado, este no es exclusivo del capitalismo pero tiene en él una característica concreta, se trata de una mercancía (como otra cualquiera desde el punto de vista de quien lo necesita como capital productivo y una especial que tiene que tener un trato diferenciado del de las otras mercancía desde el punto de vista del que está dispuesto a ofrecerlo a cambio de una retribución) cuyo precio es el salario. No todo el trabajo necesario para el funcionamiento de la sociedad es asalariado, una parte de los trabajos de subsistencia no han sido trabajo asalariado tradicionalmente y eso se mantiene todavía en la actualidad, se ha cargado normalmente sobre las mujeres y se ha minusvalorado por no estar en el mercado y no tener un precio. La inmensa mayoría del trabajo de limpieza doméstica, abastecimiento y preparación de los alimentos en el núcleo familiar y atención a personas dependientes por edad, enfermedad o discapacidad ha sido tradicionalmente un trabajo invisibilizado, sólo ha estado sujeto a algún tipo de retribución muy desregulada en el ámbito de los hogares más acomodados. Esos mismos trabajos se van incorporando de forma acelerada con el incremento del trabajo asalariado femenino en diferentes sectores, son muchos los casos trabajos de cuidados salen de ámbito doméstico y son desempeñados de forma muy mayoritaria por mujeres: la extensión de la sanidad pública y la mayor complejidad de los tratamientos médicos trasladan el cuidado de los enfermos del domicilio a los hospitales en un volumen creciente; las distancias y las necesidades horarias hacen que se incremente los servicios de cátering, también en los colegios con la incorporación creciente de mujeres al trabajo asalariado en la industria y otros sectores de servicios, etcétera. Aunque con frecuencia se nos muestra el acceso de la mujer al mercado laboral (habría que decir con más propiedad el incremento de su presencia, porque siempre ha habido mujeres asalariadas) asociado al problema de los techos de cristal para equiparse a los hombres, la realidad es que hay un problema mucho más extendido, sin que ese deje de ser real, como es el de que una gran parte de las mujeres asalariadas están en sectores muy poco reconocidos, en gran medida porque vienen lastrados por esa percepción de trabajo poco valioso porque noo se valoraban al estar fuera del mercado, era algo que no tenía precio y a lo que, en consecuencia, se le restaba valor. Esa disfunción entre valor y precio del trabajo ha quedado aún más en evidencia con la pandemia, no tendrá sentido en la utopía que debemos construir y debe abordarse no ya en el mientras tanto, sino de forma urgente, nadie puede defender ni medio minuto que no sean trabajos que requieren mucha responsabilidad y que son además físicamente agotadores, así como tampoco se puede cuestionar su valor social

Aunque el trabajo esté lejos de desaparecer, como se preconiza en ocasiones, sí es cierto que la técnica está en condiciones de garantizar los procesos productivos con una participación decreciente del trabajo humano directo, en todos los sectores de actividad y no sólo en el trabajo manual. Ese incremento de la productividad será, en la utopía que se quiere construir, patrimonio del conjunto de la humanidad y no de unas pocas personas que se apropien del conocimiento acumulado por el conjunto de la sociedad a lo largo de la historia, nadie descubre nada si no es a partir del conocimiento previo acumulado y de la formación recibida sobre el mismo. La propiedad colectiva del conocimiento acumulado permitirá una mayor disponibilidad de tiempo de ocio voluntario, frente a ello, la apropiación del conocimiento acumulado por la humanidad en manos de un porcentaje mínimo de personas nos conduce a la distopía del ocio forzoso que ya hoy se padece por millones, mujeres y jóvenes en especial.

El mayor tiempo de ocio es una de las muchas razones para que la educación sea esencial tanto en la utopía del proyecto final como en el mientras tanto que nos acerque a él porque el ocio es mucho más importante de lo que nos parece, baste pensar que han sido personas "ociosas" las que han generado y transmitido buena parte del saber históricamente. Otras razones que hacen de la educación un elemento fundamental son sus funciones para equiparar, aunque no igualar del todo, las oportunidades individuales, el interiorizar valores colectivos y, al mismo tiempo, tener una mentalidad crítica y, en definitiva, el posibilitar hacer plenamente libre al conjunto de la ciudadanía, como sujetos individuales y colectivos. Desde esa trascendencia se entiende la importancia de los debates que se viven en el presente, y se han vivido en el pasado, en torno a la educación, ya ahora es imprescindible una educación que contribuya a hacer de ascensor social y facilite la integración de los colectivos con mayor riesgo de marginalidad. Junto a ello es necesario un debate que se evita, el mantra de formar para dotar de empleabilidad puede esconder una nueva forma de discriminación desde la primera formación entre los destinados a hacer de operarios y los elegidos para mandar: sin despreciar los contenidos tecnológicos y el conocimiento científico la educación debe tener un fuerte contenido humanístico, no sirve saber qué podemos hacer y cómo hacerlo sin entender por qué y para qué lo hacemos.

El trabajo ya está adoptando desde hace tiempo formas de organización muy diversas y las tendrá en el futuro, pero habrá que dotar de medios a las personas asalariadas (o dependientes de otro en el ejercicio de su actividad, cualquiera que sea la forma) para cambiar la lógica actual que, debajo de toda la palabrería con la que se pretende ocultarlo, sólo busca reducir el coste de la mano de obra. El trabajo será un trabajo con derechos reconocidos y mecanismos eficaces para que se respeten. Ya de paso y aunque es tema no es propiamente el del mundo del trabajo, sino el de los mecanismos de reparto de los beneficios, es imprescindible poner ya límites a las retribuciones de los altos ejecutivos, no las llamemos salario porque son otra cosa muy distinta

La existencia de propiedad privada estará supeditada, además de a los límites que se establezcan para garantizar las necesidades básicas de las que se habló más arriba, al mandato social de limitar las desigualdades y no perpetuarlas, para lo cual el sistema fiscal es el instrumento fundamental. En la utopía que se plantea el impuesto de sucesiones tendrá un carácter casi confiscatorio a partir de un mínimo exento para las herencias más habituales, eventuales propiedades muebles e inmuebles que no superen un determinado valor, a partir de ese mínimo el gravamen será progresivo y muy acelerado, de manera que los descendientes de las personas con menos recursos no queden en desventaja abrumadora al abordar su proyecto vital. La descendencia de los sectores más acomodados seguirá gozando de una situación de partida mejor, por posibilidades de formación, contactos ya establecidos y conocimiento empírico para la iniciativa privada, lo que no es admisible si se apuesta por la igualdad de oportunidades es que además parta con unas posibilidades económicas desproporcionadamente más favorables.

El resto del sistema impositivo descansará sobre un impuesto de la renta altamente progresivo y la desaparición casi total de los impuestos indirectos, que sólo gravarán para desincentivar comportamientos o consumos concretos. Así, el IVA o cualquier impuesto similar no existirá y su recaudación estará sustituida por impuestos finalistas en actividades donde la huella ecológica no pueda ser neutra u otros en esa línea y, sobre todo, por el incremento de la progresividad en los impuestos directos. El impuesto sobre el patrimonio puede tener un función importante en el mientras tanto, pero no gran trascendencia en la utopía que se plantea porque su función redistributiva estará cubierta por los impuestos directos y el de sucesiones. El análisis de Piketty en Capital e ideología sobre la evolución de las cargas fiscales deja claro que una alta presión fiscal muy progresiva ha sido posible, compatible con la iniciativa privada y con un fuerte crecimiento económico

Todo lo expuesto es inviable sin unas instituciones de gobierno mundial que no se parecerán a lo que actualmente entendemos por gobierno. Eso es especialmente trascendente en materia fiscal porque los mecanismos de elusión son los que se utilizan para evitar el pago de impuestos por parte de las grandes corporaciones y fortunas. La progresiva desaparición del dinero físico ayudará a evitar el fraude fiscal más evidente, pero otras formas de transacciones ya están haciendo acto de presencia como las criptomonedas y evitar el fraude y la elusión fiscal son determinantes para que la población se comprometa y eso supera la capacidad de los estados tal y como hoy los conocemos. No es el único tema que precisa de gobernanza global, determinadas políticas contra delitos a gran escala, mecanismos de intervención en resolución de conflictos (no en defensa de intereses particulares en los conflictos), desarrollo de acuerdos de respeto al medio ambiente con compensaciones a los territorios que renuncian a lo que hoy llamaríamos lucro cesante, normativas laborales mínimas que dignifiquen el trabajo, acaben con situaciones que aún hoy son de esclavitud y con el trabajo infantil... toda una serie de temáticas van a requerir en el mientras tanto de mecanismos supranacionales que acaben en unas estructuras de decisión política muy distintas a los estados-nación (otro tema planteado por Coscubiela en su libro) sobre las que es difícil hacer previsiones. Aquí no se va a formular el modelo de equilibrio de poderes y competencias utópico, más allá de que la democracia directa sobre amplias materias se combinará con delegaciones de competencias en otra serie materias muy diversas a organismos que deberán tener base democrática y rendir cuentas.

En definitiva y para ir concluyendo, necesitamos una utopía que se alimente de valores totalmente distintos a los de las sociedades que Piketty llama propietaristas (sigue siendo más preciso el término capitalista) y que también tienen su utopía, la que nos venden cada día mensaje a mensaje y se da de bruces con a realidad: frente al individualismo y la insolidaridad, cooperación; frente a medirlo todo a partir del crecimiento económico en términos de PIB o conceptos similares, tomar como referencia otros como el Índice de Desarrollo Humano; frente a vaciar de contenido términos como el de libertad, algo tan en boga en las últimas semanas, garantizar la verdadera libertad que supone poder plantearse un proyecto vital sin que falten los medidos básicos para la subsistencia; frente a la promoción de lo chabacano y superficial, educación que convierta a las personas en sujetos con pensamiento crítico; frente a la depredación del planeta, eficiencia en el uso de los recursos... Hace tiempo que quienes aspiramos a transformar la sociedad estamos huérfanos de un horizonte a conquistar, lo que nos limita a luchar contra las mentiras evidentes, como en la cita que al principio se ponía de Manuel Vázquez Montalbán, pero es una lucha en la que sólo podemos retrasar la derrota si no ilusionamos a cada vez más gente con la perspectiva de una sociedad mejor y más justa a la que es posible aspirar. La pandemia del capitalismo da claves y algunas propuestas, va siendo hora de hacer el debate sobre la utopía que queremos

diumenge, 17 de gener del 2021

INTOXICACIÓN Y PROCESISMO

Una parte no desdeñable del independentismo catalán ha asumido formas de actuar que son idénticas a las utilizadas por la extrema derecha y, por desgracia, también en ocasiones por parte de algunos que se reclaman de izquierdas y  no parecen conocer la ética ni darse cuenta de que entran en una guerra perdida porque no tienen los medios adecuados para competir en ese terreno del juego sucio

En la política actual es frecuente utilizar el viejo difama que algo queda, sólo que amplificado por mecanismos articulados que sólo están a la alcance de quienes tienen un importante poder mediático para reforzar sus mensajes. En las redes se introduce un mensaje torticero o simplemente falso, un ejército formado por bots y seguidores convencidos que no necesitan más que una insinuación lo difunden y de forma casi automática medios de información "serios" o, en el caso de los procesistas, programas de la radio y la televisión públicas directamente, se hacen eco y la falsedad que se quería transmitir llega a todo el mundo. A partir de ahí de poco sirven los desmentidos.

Un ejemplo se ha vivido esta semana rescatando un tema antiguo, pero apuntando a una persona distinta y, ya de paso, intentando rematar al viejo enemigo, porque una de las características de esta nueva forma de hacer política de la extrema derecha que se copia por quienes dicen ser su antítesis es que los adversarios se convierten en enemigos, normalmente de la patria da igual la que sea. El pistoletazo de salida lo dio Xavier Sala i Martín con un tuit en el que decía que Joan Coscubiela y Joan Carles Gallego "han pasado" por ENDESA (las comillas las puso él) la jauría a la espera en twitter empezó a hacer retuits y likes y remató la jugada el programa de humor Està passant de TV3, por lo visto en nombre del humor se puede hacer campaña permanente de descrédito a partir de la mentira.

Sala i Martín no es tonto, es otras muchas cosas, pero no tonto, y sabía perfectamente lo que publicaba, conoce, porque ha sido siempre público, que primero Joan Coscubiela y después Joan Carles Gallego, en representación de CCOO de Catalunya, pertenecieron a un ente creado por ENDESA y que la empresa bautizó como Consell Assessor, sabe que nada tiene que ver con el Consejo de Administración de ENDESA, lugar donde se toman las decisiones trascendentes y en la que, desgraciadamente, no hay presencia sindical (ya nos gustaría a algunos que así fuese, como pasa por ejemplo en Alemania). Lanzó el mensaje para perjudicar a partir del rumor y el sobreentendido mentiroso siendo plenamente consciente de lo que hacía

El tema entronca con una campaña de hace unos años para atacar a Joan Coscubiela, enemigo público del procesismo por su defensa de las libertades de toda la ciudadanía catalana en el penoso pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017. Entonces se le acusaba por el mismo sistema de la insidia de vendido por esa presencia institucional que no tenía nada de secreta ni de anormal, forma parte del día a día de la actividad sindical defender las posiciones de la organización en los más diversos foros compartiendo espacios de debate y discusión con personas que representan ideas e intereses que nada tienen que ver con los del sindicato, sin ir más lejos en la negociación de los convenios colectivos. ¿Por qué se retoma ahora? Por casualidad, no, para desacreditar a Joan Carles Gallego, número 2 de la lista de los Comuns por Barcelona. A veces se nos olvida el extremado conservadurismo de una buena parte del independentismo catalán, en concreto el afín a Junts, y que los intereses socioeconómicos existen. A modo de ejemplo, Joan Canadell, promovido por la ANC a la presidencia de la Cambra de Comerç y 3º de la lista de Junts tras Puigdemont y Laura Borràs, confiaba hasta hace bien poco en las buenas intenciones de Trump, por decirlo suavemente.

Para mantener viva la mentira y añadirle supuesta gravedad se fueron añadiendo aderezos al guiso. Primero y fundamental, la acusación de cobrar de la empresa. No sé entiende el por qué alguien que cobra de ENDESA critica y propone medidas para limitar el poder del oligopolio eléctrico, pese a la incongruencia hay que explicar nuevamente que las percepciones de los representantes institucionales de CCOO no se las quedan ellos, sino que las ingresa el sindicato, algo que recogen sus normas internas de funcionamiento desde hace mucho y que hoy día puede consultarse en el apartado de transparencia de su página web, concretamente se explica la forma de operar en las páginas 7 y 8 del documento PROTOCOL PER A LA GESTIÓ DE LES SUBVENCIONS I INGRESSOS PER LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL. En el delirio máximo se pasa a la acusación de que el sindicato es el que se vende por 900 € (que bajo tienen el precio algunos) o que ese ingreso no está en la contabilidad del mismo, da igual que eso choque con solicitar que el ingreso se haga en una cuenta bancaria de la organización o que CCOO presente sus cuentas anualmente en la Sindicatura de Comptes, desde hace ya muchos años y sin tener obligación legal de hacerlo.

En el colmo del enredo, se descontextualizan respuestas anteriores, de Coscubiela negando ser asesor de ENDESA (no, pertenecer al Consell Assessor no es ser asesor, no hace falta ser un lince para entenderlo, otra cosa es que no se quiera entender) o de Joan Carles Gallego contestando a alguien que quizá esté desfasado o desubicado relacionándolo con ENDESA. Pueden estar jugando así hasta el fin de los tiempos, pero no lo harán, de aquí a poco lanzarán una nueva campaña sostenida con los mismos mimbres porque el objetivo es generar realidades alternativas que necesitan acumulación de ficciones

El resumen es que en la realidad paralela que se construyen cualquier mentira cabe, las redes sociales y determinados medios de comunicación van elaborando un discurso que niega la realidad frente a los datos, sean cuales sean. Se lanzan acusaciones, directas o veladas, sin prueba alguna y eso se convierte en verdad para sus seguidores pese a los desmentidos que pueda aportar la realidad de los hechos. Quizá esta secuencia de afirmaciones recuerde al comportamiento de Trump y el trumpismo en relación a las elecciones presidenciales, pero  algunos aquí se ofenden si se les llama trumpistas. Quizá recordar que repetir una mentira hasta hacer que se convierta en verdad para muchos era uno de los medios empleados por Goebbels, pero si alguien lo dice es que se ha quedado sin argumentos.

Maquiavelo nunca escribió lo de que el fin justifica los medios, al Príncipe de Waterloo y los suyos eso no les importa, la Catalunya tóxica crece y alimenta a la España tóxica que también existe en Catalunya. Esa Catalunya y esa España tóxicas ven cada vez más enemigos a destruir, mejor que no tardemos en darnos cuenta

dijous, 7 de gener del 2021

EL VOTO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AL PARLAMENT

Si el revuelo provocado y las reacciones defensivas son un indicador de lo acertado de una decisión no cabe duda, la elección del Salvador Illa para encabezar la lista del PSC en las próximas elecciones al Parlament de Catalunya ha sido un acierto pleno. Puede que después el resultado electoral lo desmienta, pero de momento ha arrebatado protagonismo al ya tedioso serial sobre el procés.

Conviene tener en cuenta que ha habido seriales soporíferos que han mantenido un público fiel por mucho tiempo y que la polarización de la sociedad catalana en torno a la cuestión territorial va a seguir motivando muchos votos de partidarios y contrarios al nacionalismo catalán, no tantos como en diciembre de 2017 y no a las mismas opciones políticas, pero sí en perjuicio, otra vez, de quienes se nieguen a entrar en el lodazal de las pasiones identitarias.

No obstante, todo parece indicar que la superación del debate monotemático empieza a abrirse paso y que el debate sobre el modelo social y económico tendrá bastante más peso en la decisión final de voto. Al menos lo está teniendo en el debate previo, entre otras cosas porque la crisis sanitario-económica del COVID ha mostrado unas costuras muy débiles en el sistema sanitario, la producción industrial, el modelo económico, los sistemas de protección social, etcétera.

Y sin embargo las listas y los candidatos son el tema estrella, como ya es tradicional, eclipsando el análisis de las propuestas. El caso de salvador Illa es el de mayor trascendencia y será difícil que pueda ser superado en ese terreno, pero no ha sido el único, antes fue el juego del escondite con Puigdemont y las primarias de Junts, el mismo día que se conoció lo de Illa se supo también que Lorena Roldán daba el salto del C's al PP o hay casos menos mediáticos y sin embargo importantes, como que Gemma Lienas vaya en la lista del PSC habiendo sido diputada de Catalunya Sí Que Es Pot, entre 2015 y 2017.

En el ámbito de la izquierda están produciendo movimientos que conviene analizar y los juegos de listas son una manifestación de esos movimientos. Gemma Lienas es un buen activo en las listas del PSC, como explica Lluís Rabell en su blog (aquí) aunque es dudoso que pueda gozar del protagonismo que tuvo en el grupo de Catalunya Sí Que Es Pot en un grupo que se presume será más grande y en el que puede chocar con más de una dificultad, mientras que salvador Illa se ha visto al frente de una situación muy compleja y ha crecido su imagen política a causa de su gestión.

Todo el mundo juega con las listas como arma electoral en la medida de sus posibilidades, los Comuns cerrarán la lista de Barcelona con personalidades representativas, o tienen a Rosa Lluch encabezando la lista de Girona. Por eso es absurdo entrar en el juego de la crítica al otro por presentar a tal o a cual, no se trata de sustituir el monotema por un no tema porque en estas elecciones volvemos a jugarnos qué política se va a hacer en Catalunya en los próximos años, algo que lleva marginado del debate electoral demasiados años.

Son necesarias políticas progresistas, para superar la crisis sanitaria, económica y social, para apuntalar el giro hacia la sustitución de la ortodoxia económica neoliberal y para encauzar la cuestión territorial, conscientes de que resolverla llevará tiempo. Para llevar a cabo las políticas necesarias el abanico de opciones de voto se reduce drásticamente, basta escuchar los mensajes repetitivos de quienes consideran no ya inevitable, sino deseable, colocar el conflicto identitario en el objeto único de debate. Si no hablan de otra cosa es porque no quieren que se hable de otra cosa, no porque no tengan planteamientos en materia económica y social, los tienen y se basan en las recetas de siempre. En ese lodazal van a querer jugar Junts, PP, C's y VOX. De él no van a salir por distintas razones ni la CUP ni los restos del PDCAT, en el caso de la CUP porque su radicalidad se traduce en falta de compromiso con proyecto conjuntos de carácter social y en colaboracionismo con los frentes identitarios que se forman, como ha acreditado su actuación desde que saltó a la política supramunicipal y como anuncian sus movimientos presentes, analizados con lucidez por Jaume Bosch en este artículo (aquí) 

Fuera de ese terreno empantanado, como diría Joan Coscubiela, habrá que buscar las opciones de voto que quieran tener un compromiso social claro con los sectores más desfavorecidos. Puede parecer que los socialistas, el PSC en Catalunya y el PSOE en el conjunto de España, han roto definitivamente con un pasado de dudoso compromiso con los valores de la izquierda. Dos observaciones, una de pasado y otra de presente, cuestionan esa lectura. Una visión hacia el pasado del socialismo nos enseña que la supuesta radicalidad de los mensajes no siempre ha sido coherente con a práctica posterior, desde el mantenimiento de la enmienda republicana en el debate constitucional o el OTAN, de entrada no, hasta las sucesivas contrarreformas del mercado laboral, tanto en los mandatos de Felipe González como en el último de Rodríguez Zapatero. Que hay un riesgo presente lo demuestra la pugna que mantienen determinados sectores del PSOE, ya sea en boca de alguno de sus barones como en las actuaciones desde algunos ministerios. Considerar anecdótico que la responsabilidad del Ministerio de Economía y del de Seguridad Social hayan recaído en perfiles como los de Calviño y Escrivá no es de recibo. No es casualidad que exponentes del "viejo PSOE" derrotado en las primarias por Pedro Sánchez ocupen, precisamente, las carteras económicas.

Por lo que respecta a ERC poco que añadir a lo que ya es tradición, la pugna de sus dos almas viene de antiguo y a estas alturas lo único que sí sabemos es que cada vez que Oriol Junqueras filtra algo desde la cárcel en la que no debiera estar la que sale triunfante es el ama identitaria y la derrotada el alma social. Todos los propósitos de crecer en el área metropolitana, de tener un mensaje social más nítido, acaba chocando con el gran obstáculo de la pugna insomne que mantiene con el nacionalismo conservador.

Los Comuns, por su parte, se aficionan a nadar contra corriente, la imagen que ofrecemos (me incluyo) no se corresponde con la trascendencia que Unidas Podemos está teniendo en la gestión del gobierno en temas esenciales en clave social, todo el mundo en el ámbito progresista valora muy bien a la Ministra de Trabajo. Pero parece como si Yolanda Díaz no fuera un activo de la formación sino un fichaje de Pedro Sánchez. En sentido opuesto, cuando se presiona para que se active pronto el Ingreso Mínimo Vital y se nos acaba imputando la poca extensión por unos requisitos y formalidades que dependen del Ministerio de Escrivá. No ayuda el entramado político, mediático y económico que ven en Unidas Podemos un riesgo, pero con eso ya se contaba. No obstante sólo los Comuns son una garantía de anclaje de las políticas en el terreno de la izquierda, como demuestra lo que aplica allí donde se gobierna en ayuntamientos como el de Barcelona, Montcada, El Prat o Santa Perpetua

El otro juego, inevitable con los resultados que pronostican las encuestas, es el de las posibles alianzas y es clarificador ver qué propone cada una de las formaciones que podrían configurar una mayoría progresista de gobierno. Con una ERC con el ojo puesto en su rival en el campo del nacionalismo identitario proponiendo un pacto inviable y con seguridad nefasto si prosperara, con la CUP, Junts y los Comuns junto a la propia ERC. La fórmula no podría ser más contraria al desarrollo de un programa de cambios profundos en los postulados económicos y sociales de la actuación del futuro Govern, la inmediata y rotunda negativa de los Comuns contrastó con los argumentos más vaporosos de las otras fuerzas convidadas.

Por su parte, el PSC no puede evitar tampoco pensar en la competencia por un determinado tipo de votante que perdió en comicios anteriores y que considera recuperable. No se explica si no que proclame su rechazo a formar parte de un gobierno encabezado por ERC, podría eludir el tema antes de entrar en una formulación tan contundente y contradictoria, pronósticos en mano, con la posibilidad de articular un gobierno progresista que se complemente con el gobierno central en un momento de tanta complejidad y trascendencia como el actual.

En ese tema de las alianzas y los objetivos sólo los Comuns se plantean como objetivo el único que es razonable prever que pueda servir para un gobierno progresista como el que solicitan los firmantes del manifiesto (aquí) de la Plataforma Progresista sin pedir el voto a ninguna opción en concreto, como es lógico dado lo heterogéneo, en los orígenes y los planteamientos, de sus componentes. Porque no parece dibujarse ninguna posibilidad de gobierno de progreso, salvo sorpresas múltiples y casi imposibles, que un tripartito con ERC, PSC y Comuns. Es más, no ser claro en ese planteamiento como objetivo de las fuerzas progresistas lo que sí puede significar es que la suma no dé y sigamos enquistados dando vueltas en torno a confrontaciones identitarias en las que las derechas se encuentran cómodas, sean las derechas nacionalistas catalanas o las derechas nacionalistas españolas.

No nos equivoquemos de voto aquellos y aquellas que desde orígenes muy diversos coincidimos en la necesidad de dar una respuesta en clave de progreso a la situación en la que vivimos, heredera de la crisis de 2008, del desastre político que ha supuesto el procés y de la crisis del COVID. No hagamos tampoco la campaña a los agoreros del desastre, hay motivos sobrados para defender la labor del gobierno central en una situación extremadamente difícil y proponer una alternativa equivalente de gobierno para Catalunya, una alternativa que ponga a las personas y sus necesidades en el centro de la acción política. Y eso pasa por blindar y fortalecer el voto a la izquierda transformadora que representan los Comuns, por eso ese voto le pesa mucho a algunos, por eso es tan necesario como siempre