MADRID NO ES ESPAÑA, CATALUNYA DEBE ENTENDERLO

La gestión de la pandemia por parte de Díaz Ayuso puede tener un efecto imprevisto, el de poner de manifiesto que los intereses de los gobernantes de la Comunidad de Madrid no son los mismos que los de la mayoría de la ciudadanía española, rompiendo la impresión, hasta ahora dominante, de que el egoísmo territorial era cosa exclusiva de los nacionalismos periféricos. El comportamiento de los gobernantes madrileños ha tenido muchas similitudes con el de los dirigentes procesistas catalanes y ha levantado suspicacias y producido resquemores en el resto de España.

Ello es así no sólo por los comportamientos difícilmente comprensibles de Díaz Ayuso y sus seguidores, la pandemia ha coincido en el tiempo con el debate sobre la España vaciada y es difícil entender ese fenómeno y obviar el efecto aspiradora de la capital. Para rematar la situación son cada vez más los territorios que se cuestionan el modelo radial que concentra inversiones en Madrid y enfoca buena parte de las que se efectúan en otros lugares hacia Madrid. Se constata de forma cada vez más generalizada un sobredimensionamiento de la capital que va más allá del efecto de capitalidad y responde en gran medida a políticas orientadas a ese fin.

Un breve repaso a cómo llegamos al contexto actual. Hasta la llegada al poder de Aznar, más concretamente hasta su segundo mandato, España había vivido un proceso de descentralización política que, con todos sus defectos, acercó el gobierno de muchos servicios básicos a la gente. Con el Aznar libre de ataduras con los nacionalismos periféricos empezó a desarrollarse un programa nacionalista español extremadamente conservador que incluía el reforzamiento del poder central, tanto en materia de disposiciones legales como en políticas de infraestructuras y maniobras para centralizar las sedes sociales de las grandes empresas, algo que unido al dinamismo económico que proporcionaba la capitalidad ha ido atrayendo recursos. No se trataba de un centralismo de raíz jacobina al que no ha sido ajeno el PSOE en más de una ocasión, sino de una relectura del pacto constitucional desde la visión de un nacionalismo español identitario con una idea centralista de España.

Las políticas de los gobiernos centrales del PP estaban en sintonía con las de los sucesivos gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, convertir a la capital en centro de actividad de todo su entorno y ampliar este lo más posible es un objetivo que viene de lejos. Hace unos 20 años, en unas jornadas sobre horarios comerciales, me fue planteado abiertamente uno de los objetivos de desregular la apertura en domingo de los centros comerciales madrileños, era atraer como turismo de fin de semana a la población de toda la España interior y más: compras, cine, restauración y AVE en un mismo pack. La voluntad de convertir en subalternos al resto de territorios como programa de acción de gobierno no debe desvincularse del fenómeno de la llamada España vacía. En los últimos tiempos se ha expresado de forma simbólica, con toda la importancia que tiene lo simbólico, en el uso de expresiones como la de que Madrid es España o en crear en la comunidad una oficina del español. Si estudios como el del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas no fueran suficientes, la ausencia de complejos a la hora de expresar la voluntad de convertir a la parte en el todo también ayudan a generar recelos.

Se trata de una opción vinculada al nacionalismo esencialista español, con lo que dificulta el alineamiento con la construcción de un proyecto europeo democrático basado en la cesión de competencias de los estados nación clásicos.

La crisis sistémica de 2008 y sus consecuencias sociales y políticas ha permitido que en los países occidentales haya eclosionado un fenómeno creciente desde hacía décadas, la adhesión desacomplejada a visiones de la realidad basadas en identidades colectivas. Esas identidades pueden ser religiosas, raciales y, frecuentemente, nacionales. El procés catalán se ha alimentado de esa corriente y ha alentado el nacionalismo español que, como queda dicho, ya venía experimentando su propio desarrollo. No obstante, tanto la identificación como el rechazo de la españolidad se ha dado de forma generalizada en compañía de la reivindicación de la identidad propia, andaluza, catalana, gallega...El intento de reespañolización en clave centralista no ha conseguido que se haya dado la espalda al reconocimiento en las identidades particulares, con expresiones negativas como la emulación por envidia que vimos en las reformas de diferentes estatutos de autonomía para replicar al Estatut de Catalunya de 2006, pero también con otras positivas como el rechazo mayoritario a centralizar competencias y liquidar la organización territorial autonómica. 

En definitiva, la cruzada antiautonomista del nacionalismo español más extremo que se expresa en VOX no es compartida ni siquiera por el conservadurismo con aspiraciones de gobierno o que gobierna en las diferentes comunidades, al tiempo que aumenta el rechazo a la hipertrofia madrileña. Además del tema de la financiación, son cada vez más los territorios que se plantean la necesidad de pensar en objetivos globales y no en los de una parte del país. Las comunidades periféricas, de Galicia a Andalucía en el sentido de las agujas del reloj detectan problemas porque no se tienen en cuenta infraestructuras claves para ellas, como el corredor mediterráneo o una mejor conexión de todo el norte peninsular sin necesidad de pasar por Madrid, las comunidades más próximas a Madrid porque padecen el fenómeno de la España vaciada de forma más sangrante que otros territorios y están amenazadas de quedar en la irrelevancia. Presidentes como Feijoo o Moreno Bonilla coinciden en reivindicaciones con Ximo Puig y este se muestra muy activo en las iniciativas relacionadas con este tema. Eso sin olvidar que el ejemplo de Teruel Exise está animando a emulaciones, quizá coordinadas, de la España vaciada. Por razones distintas son curiosamente los gobiernos de Catalunya y Euskadi los que aparecen más pasivos, las comunidades que más influyeron en que España optara por la descentralización política hacen la guerra por su cuenta con el riesgo de perder una oportunidad para nada desdeñable.

Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, es el dirigente que más claramente ha manifestado su rechazo a la realidad descrita, pero también desde Galicia y otras comunidades se ha expresado el descontento puntualmente, sin mencionar que en las políticas púbicas frente a la pandemia del COVID nadie ha secundado la estrategia madrileña en ninguna comunidad autónoma. No se trata de ir contra los madrileños y madrileñas, sino contra un modelo que acaba perjudicando a la propia ciudadanía de esa comunidad que ve como todo se hace en beneficio de una especie de parque de atracciones para los bien situados económicamente y los visitantes de paso, mientras se deterioran los servicios básicos y buena parte de la población sólo participa de eso como el componente trabajador en precario que lo hace funcionar a cambio de las migajas.

Resumiendo, es un buen momento para plantear, más allá de una necesaria revisión del sistema de financiación autonómico sobre la base de criterios objetivos, una revisión del modelo territorial que busque reequilibrar social y económicamente, a partir de inversiones no radiales, de descentralización física de la administración central y de todo tipo de propuestas que den vida a lo que llamamos España vacía, por un lado y a los ejes mediterráneo y cantábrico, por otro.

A Catalunya le conviene que se avance en ese sentido, pero no está en condiciones de liderar abiertamente, por los recelos tradicionales, porque no se trata de que sea ni parezca una pugna entre dos gallos del gallinero y porque venimos de unos tiempos que no nos ponen en la mejor situación para hacerlo. Pero Catalunya sí debería moverse para que avancen propuestas en esa línea en lo distintos ámbitos donde sea posible, tanto en los que tenga un interés directo del tipo del corredor mediterráneo como en los que ese interés no sea tan claro. El desbloqueo de la situación política catalana nos lleva a un escenario trufado de gestos maximalistas, pero en el que pueden y deben abrirse paso medidas realistas. No será fácil, pero sí deseable que al menos una parte del nacionalismo catalán se plantee cómo intervenir en la construcción de un modelo territorial español, visto que la independencia no va a ser cosa de cuatro días.

Un requisito fundamental es conjugar dos realidades: tener claro que la cuestión catalana no es equiparable a la articulación territorial de Aragón o Castilla-La Mancha, por poner dos ejemplos, y que se necesitan complicidades para desarrollar mecanismos que reequilibren territorialmente España. Por supuesto, hay una premisa clara, a Catalunya le importa, y mucho, cómo se organice territorialmente España, algo que choca con los postulados del nacionalismo más ensimismado que plantea como discurso y estrategia la bilateralidad como única forma de relación con el gobierno español.

Para los intereses de Catalunya, mal que le pese a una pare importante de su población, es bueno que a España le vaya bien y que tenga un desarrollo territorial más armónico que el actual, le vendría bien esforzarse en la negociación del sistema de financiación dejando de lado las cuentas del Gran Capitán que continuamente aparecen, sin perder de vista sus intereses y buscando, al mismo tiempo, el acuerdo en mecanismos globales con criterios objetivos que refuercen la corresponsabilidad fiscal. Ese sería uno de los grandes temas a abordar en el nuevo modelo territorial, pero no el único, está lo citado anteriormente (ejes cantábrico y mediterráneo, inversiones no radiales o descentralización física de la administración central) las propuestas que cada cual planteará o la arquitectura institucional, con la función del Senado y los mecanismos para que los gobiernos autónomos tengan protagonismo en la decisiones estatales.

Todo ello tendría una saludable consecuencia, la consolidación de una visión nacional de España como un estado diverso, algo equivalente a una concepción no romántica de la nación española, sino basada en pactos de ciudadanía en base a derechos y obligaciones. Por supuesto, la contrapartida desde Catalunya sería que se abriera paso un idea de nación catalana de características equivalentes que falta le hace a la sufrida población catalana, hastiada una parte y frustrada la otra por la idea romántica de Catalunya que ha enarbolado el nacionalismo esencialista, equivalente al nacionalismo español tan justamente criticado.

Para concluir, España necesita desarrollar un modelo territorial más armónico que es a la vez una oportunidad de modernidad y una manera más natural de participar en el proyecto europeo, a Catalunya le interesa que eso se dé, entre otras cosas porque le ayudaría a salir de su ensimismamiento. No se trata de ideas abstractas de España y Catalunya, sino de la forma de vida de su ciudadanía. Harían bien los representantes políticos catalanes en no desentenderse de un debate como este, la oportunidad y las dificultades están ahí, de que prosperen o no iniciativas en esa dirección dependen muchas cosas.