Desde la muerte de Franco a las elecciones generales del 15 de junio de 1977 transcurre poco más de un año y medio. Aunque parecía claro que había cosas que tendrían que cambiar se entra en un periodo convulso que tiene poco que ver con la narración casi idílica del proceso de la Transición que se ha transmitido habitualmente, básicamente porque no hubo un plan trazado que se desarrollara según lo previsto, el proceso no fue lineal e iba a acabar reflejando el equilibrio de debilidades del continuismo y de los partidarios de la ruptura con el régimen franquista.
En las próximas entradas voy a analizar ese proceso dividiéndolo en tres fases, la primera de la cuales es la del intento de seguir, con algunos avances que no acababan de definirse, con las ideas de lo que se había denominado espíritu del 12 de febrero. La continuidad de Carlos Arias Navarro como Jefe de Gobierno, con la incorporación de ministros de los que se podrían considerar como aperturistas dentro del régimen, daban una idea de lo poco ambiciosos que eran los objetivos iniciales en el reinado de Juan Carlos I, fuese por propias convicciones, por los condicionantes que tenía o, muy probablemente, por una combinación de diversos factores
Tras un indulto en diciembre de 1975 (nada que ver con una amnistía) que en nada se diferenciaba de los que habían sido habituales en el franquismo como medida de gracia para conmemorar una celebración, se entró de lleno en un primer semestre de 1976 que fue determinante para lo que sucedería en España en los años inmediatamente posteriores.
Comparar el contenido de los mensajes navideños del rey de 1975 (aquí) y 1976 (aquí) da una idea del cambio de escenario, de hablar de la herencia del recién fallecido dictador y evitar cualquier referencia directa a la política o la conflictividad social a usar expresiones como derechos humanos, libertad o la "vocación" de los ciudadanos por la política, a reivindicar la monarquía (sin calificarla de parlamentaria) como el mejor instrumento para mantener la unidad dentro de "la paz y el orden" o a hablar de "una equitativa distribución de las cargas y los beneficios". Del anclaje en el pasado se pasó en un año a un discurso en el que subyacía la idea de que existía el riesgo de perderlo todo si no había cambios más o menos profundos
Fue el miedo a perder el control y acabar en una situación similar a la del Portugal tras la Revolución de los Claveles lo que provocó que los cambios se aceleraran y fueran más allá de lo que se pretendía, eso se expresó de forma especialmente clara en el primer semestre de 1976, de la misma forma que en el segundo semestre empezó a mostrase el límite de la capacidad de presión de quienes pretendían la ruptura, de lo que ya se hablará en su momento.
1976 se inicia con una oleada de huelgas a la que ayudó que Villar Mir, Ministro de Haciendo en el nuevo gobierno de Arias Navarro y vicepresidente para asuntos económicos, hablara de que los salarios subían más que los precios cuando se vivían las limitaciones de incrementos salariales que se decretó el 8 de abril de 1975 para aquel año y que se prorrogó para 1976 por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre y estaban pendientes de negociar dos tercios de los convenios colectivos. La inflación de 1975 había sido de media superior al 17 % y había acabado el año por encima del 14 %, sin que la previsión pudiera ser optimista para 1976, de hecho fue en aumento, en parte también, pero sólo en parte, por los incrementos salariales que se acabaron forzando y que en muchas ocasiones consiguieron romper el tope salarial. A la conflictividad laboral contribuyó el impacto sobre el empleo causado por la crisis económica, con un incremento importante del cierre de empresas y del número de parados
La inmensa mayoría de huelgas tuvieron un origen estrictamente laboral, lo que no significa que no existiera una voluntad de que confluyeran para presionar políticamente. Ese origen en conflictos laborales puros daba fortaleza a las movilizaciones y a la vez mostraba sus límites ya que la presión disminuyó a medida que los procesos de negociación finalizaban con mejor o peor resultado. No hubo un planteamiento de huelga general política hasta el segundo semestre del año y, como se verá, puede considerarse una movilización fallida. El gran problema para un gobierno que no había superado el marco legal franquista (y que no evidenciaba claramente que quisiera superarlo) era que todos los conflictos acababan teniendo contenido político y eso generaba temor a que se derrumbara todo el edificio institucional. Es imprescindible analizar esa dinámica para entender lo que fue la Transición, nunca como en ese momento estuvo la oposición antifranquista tan cerca de forzar la ruptura y ello condicionó los movimientos que se dieron en el terreno político institucional
Ya en enero se producen confluencias de huelgas que afectaban a sectores estratégicos, en el primer trimestre del año se registraron más de 17000 huelgas (unas 2500 en el 3er trimestre de 1975 y no llegaron a mil en el 4º) que por definición eran ilegales porque la legislación no contemplaba el derecho de huelga. Respondían casi siempre a negociaciones de convenios colectivos, pero para hacerlo debían saltarse necesariamente la legalidad. Para convocar huelgas, para componer las mesas negociadoras con representantes de los trabajadores que pertenecían a organizaciones sindicales ilegales, con un predominio absoluto en aquellos momentos de CC.OO., o para romper los topes salariales que se pretendían imponer. Frente a esa situación las empresas podían optar por la represión o por olvidarse del marco legal y negociar con quienes entendían que podían ser interlocutores válidos, tanto en un supuesto como en otro (hubo respuestas empresariales de todo tipo) las autoridades quedaban en mal lugar, o desautorizadas o enfrentadas a una conflictividad que podía extenderse. En resumen, cualquier huelga incluía reclamaciones no estrictamente laborales como la libertad sindical o el derecho de huelga y cualquier respuesta era un problema para el poder político. Con miles de huelgas convocadas en todo el país el temor a perder el control de la situación era grande en los cargos políticos que han dejado referencias y también en gran parte del empresariado. Además, la conflictividad no se limitó a los focos tradicionales de presencia del movimiento obrero, Madrid, por ejemplo, fue un foco potente de la oleada de huelgas sin que hubiera una gran tradición obrerista como las de Catalunya, Euskadi o Asturias
El miedo a que la conflictividad laboral trascendiera los límites de las reivindicaciones por los salarios o las condiciones de trabajo era real y tenía fundamentos. Así, Fraga, Ministro de Gobernación de aquel gobierno, ante la huelga general que estaba convocada en Vitoria para el 3 de marzo, veía en la huelga general de febrero en Sabadell una "ocupación de la ciudad, casi como en Petrogrado en 1917". Casos como el de LAFORSA en Cornellà lo ilustran, el 11 de noviembre de 1975 fue despedido un trabajador por un error en el proceso de producción, siguió la huelga de la plantilla para pedir su readmisión y el despido de todos los que participaron en la huelga, incluyendo a los Jurados de Empresa (lo que actualmente sería el Comité de Empresa). La lucha de los despedidos impulsa la solidaridad creciente de otras empresas y la convocatoria de una huelga general en la ciudad con un seguimiento destacable desde el 19 de enero, como es normal mayor en las grandes empresas de la población. La reconducción del tema pasó por la readmisión de la totalidad de la plantilla, aunque con la aceptación de sanciones por parte de un reducido número de trabajadores.
Si en el caso de LAFORSA fue un conflicto laboral que se extendió por vía de la solidaridad (con estos precedentes no es de extrañar que el decreto de 1977 que aún regula las huelgas en España prevea las huelgas de solidaridad como uno de los supuestos por los que legalmente no pueden convocarse) en el caso de Sabadell al que hacía referencia Manuel Fraga la huelga estuvo provocada por una acumulación de tensiones de todo tipo y no estrictamente laborales, lo que la hacía más preocupante si cabe. El malestar ciudadano ya se arrastraba del otoño de 1975, con el movimiento vecinal a la cabeza y la actuación del falangista alcalde Burrull en el punto de mira, en febrero se producen actuaciones policiales que son el detonante, con una huelga de enseñanza prevista las cargas policiales del día 13 producen heridas en niños que se estaban manifestando con sus padres y, finalmente, el 19 de febrero, la muerte por disparo de bala de la policía de un profesor que estaba mirando desde su ventana la manifestación de los enseñantes. El 23 de febrero las principales empresas de la ciudad se declararon en huelga, a lo que sucede la detención diversos dirigentes obreros y las tensiones propias con la policía, con unas concentraciones que no disminuían. El 26 de febrero una multitudinaria asamblea decide mantener la huelga hasta la liberación de los detenidos, 8 de los cuales comparecieron esa misma tarde en libertad, acompañados de su abogado (Toni Farrés, que acabaría siendo el primer alcalde democrático de Sabadell) que anunció que el ayuntamiento se había comprometido a pagar la fianza de los 3 detenidos que quedaban. Esa misma tarde el alcalde Burrull presentó su renuncia provisional para no volver nunca más. Las características de la situación fueron excepcionales, con la puesta en libertad de los detenidos y un ayuntamiento franquista importante claudicando ante una movilización que desbordaba el ámbito de las reclamaciones laborales, el miedo que expresaba el Ministro de Gobernación días después, comparando lo sucedido con la situación en Vitoria poco antes de la matanza policial en dicha ciudad, resulta muy elocuente.
La matanza de Vitoria del 3 de marzo no fue ninguna fatalidad. El temor del que ya se ha hablado a perder el control de la calle fue determinante. El caso de Vitoria tiene casi todos los ingredientes de las movilizaciones obreras de aquellos meses, se había iniciado en enero con la huelga de Forjas Alavesas y se había extendido a otras empresas, con un origen en las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo y la continuación con medidas de represión empresarial. A lo largo de dos meses se habían convocado dos huelgas generales en la ciudad y estaba convocada una nueva para el día 3 de marzo. La actuación policial de ese día sobrepasó en brutalidad a cualquier otra, miles de personas estaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco y la operación policial desencadenó una auténtica tragedia, lanzando gases lacrimógenos para forzar el abandono del recinto (contra la opinión del párroco y violando el concordato) y actuando contra los que salían medio asfixiados con disparos de todo tipo de proyectiles, incluido el fuego real: el resultado fue de 5 muertos y más de un centenar de heridos. Hay que hacer un gran ejercicio de abstracción de la realidad de aquel momento para no apreciar la voluntad de definir los límites, de lanzar un aviso a navegantes de cara a posibles conflictos
Son sólo ejemplos destacados de la extensión de unas huelgas que también paralizaron el transporte público de Madrid y se expresaron en movilizaciones laborales extendidas por todo el territorio español. He empezado el análisis de lo sucedido en ese primer semestre de 1976 con la galerna de huelgas (como la definen Alfonso Sabio y Nicolás Sartorius en su obra El final de la dictadura) porque con frecuencia se olvida el que fue elemento clave de proceso histórico de la Transición, el miedo de los poderes públicos y gran parte del poder económico a que la situación les sobrepasara. Si hubo cesiones paulatinas no fue tanto por las convicciones de los protagonistas individuales que aparecen con nombres destacados como por miedo a perderlo todo, algo muy habitual en contextos históricos diversos. De entre esos temores el mayor lo producía un movimiento obrero que ya se había escapado del control por los cauces oficiales (aquí) y en el que CC.OO. tenía un protagonismo casi absoluto. La oleada de huelgas se concentró en el primer trimestre y si su número cayó espectacularmente en el 2ª trimestre del año, de más de 17.000 a 1500, no parece que fuera esto motivado por el "escarmiento" de Vitoria y otras actuaciones represivas ya que volvieron a repuntar en el siguiente semestre, sino porque se había intentado concentrar las negociaciones colectivas y las movilizaciones para desbloquearlas y una vez finalizados los procesos negociadores las huelgas fueron disminuyendo hasta que se iniciaron nuevos procesos de negociación laboral
Al Primero de Mayo se llegó con las manifestaciones prohibidas para esa fecha y con dirigentes obreros de nuevo detenidos, como en el caso de Marcelino Camacho otra vez por aquellas fechas después de salir en libertad con el indulto de diciembre, pero el gobierno de Arias Navarro estaba condenado, además de por su incapacidad para tomar la iniciativa en las reformas que se suponía debía abordar, por una situación social potencialmente peligrosa, sólo teniendo eso presente puede entenderse el giro que adopta el poder político a partir del nombramiento de un Adolfo Suárez que no había destacado hasta entonces por confrontarse a lo que se venía haciendo. La monarquía que veía en noviembre de 1975 a los sectores involucionistas como su gran problema de supervivencia vistas las trabas que había puesto el búnker a las tímidas iniciativas del último gobierno de Franco (aquí) fue consciente de que su permanencia podía cuestionarse también por la presión popular si no actuaba, los problemas para Juan Carlos I eran otros como han dejado claro los contenidos de los mensajes navideños de esos dos años
En la próxima entrada se analizará el contexto político, pero, además de ser de de justicia, es necesario reflejar el ambiente socio-laboral, casi siempre ignorado, que condicionó las actuaciones políticas de aquel año clave de la Transición
