A pesar del título de la entrada no voy a hablar de comida, sino de las cosas de comer que no es exactamente lo mismo, en concreto del salario mínimo.
Repasemos antes los debates públicos y publicados desde principios de año. Hace tres de semanas parecía que el estado estaba en jaque por la pequeña delincuencia a la se aplicó incluso un nombre de banda, hablo de los mal llamados MENAS; hace dos, en el debate de investidura, el apocalipsis se diría que llegaba de forma inexorable si algunos tránsfugas no protagonizaban otro tamayazo; la semana pasada se iba a cercenar drásticamente el derecho de control parlamentario de la oposición con la sutil maniobra de cambiar la fecha ordinaria de reunión del Consejo de Ministros; para acabar la secuencia de tragedias que se nos avecinan, desde hace unos días nos estamos enterando de que el los colegios se enseñan las posturas del kamasutra, en los públicos que es donde crecen todos los males, por supuesto
Y mientras eso sucedía el gobierno desde antes de formarse, la patronal y los sindicatos iban desbrozando el camino de uno de los asuntos que parecía y sigue siendo mas complicado de abordar, el de la regulación de las relaciones laborales. Ayer nos sorprendió a todos, al menos a mi, la celeridad con la que se acordó el salario mínimo de 2020. Es importante recalcar que se acordó, algo que a mi entender le da más valor a los 950 € mensuales que a una subida hasta los 1000 por decreto unilateral del gobierno. Hay que recordar que el SMI fue de 735'90 € en 2018, que en 2019 se incrementó con fuerte polémica desde la patronal y los partidos conservadores a 900 € y que se va a situar para 2020 en 950, es decir, en dos años el incremento será de un 29'09 %.
El gran salto se produjo el año pasado, fruto del acuerdo más amplio entre el gobierno y Unidas Podemos que se quedó a medias cuando no se pudieron aprobar los presupuestos y se convocaron elecciones, básicamente porque a ERC le interesaba medir sus fuerzas en aquel contexto, lo porque otra explicación razonable es imposible de ver. Aquel incremento, se auguró por sesudos analistas, iba a provocar destrucción masiva de empleo, como que al final no se produjo ahora los mismos sesudos y bien pagados analistas nos dicen que lo que sí pasó es que se creo menos empleo, sin valorar siquiera hasta qué punto eso ha sido motivado por un contexto mucho peor, con Trump amagando con guerras comerciales a toche y moche, con Alemania pendiente de una posible entrada en recesión durante medio año, con un gobierno en funciones y la incertidumbre sobre la evolución política en España acechando y con una atonía creciente de la economía mundial en su conjunto
El acuerdo de gobierno plantea llegar al 60 % del salario medio al final de la legislatura. Unai Sordo, secretario general de CC.OO., sitúa ese porcentaje en unos 1000 € en limpio (en torno a 1200 brutos) y el inicio ha sido el acuerdo anunciado ayer. ¿Pero qué significa ese acuerdo más allá de un incremento no despreciable del 5'55 % que se acumula al gran incremento de 2019?
Aquí empiezo con la metáfora del pan, si la hogaza ha salido del horno con tanta presteza es porque el trabajo de amasado y la fermentación estaba hecha, o al menos muy avanzada. Hoy ya he oído en la radio que desde diciembre está habiendo contactos de Pablo Iglesias con la patronal, es curioso que se olviden el papel de los sindicatos en esta versión, como si no pintaran nada. A mi no me cuadra esa visión tan simplista, hace bien el gobierno en reclamar su protagonismo para alcanzar acuerdos como este, hace bien Unidas Podemos en mostrar su perfil político en materias concretas, pero el gobierno y los partidos que lo forman también harían bien en cuidar al mismo tiempo a todos los movimientos organizados, todos los colectivos y todas las organizaciones que pueden ser aliadas. Y el sindicalismo, en concreto el sindicalismo confederal con frecuencia vapuleado, es uno de los compañeros de viaje que más necesita
Sigo con la metáfora porque intuyo que aquí hay pan artesano elaborado con eso tan de moda ahora y tan clásico, al mismo tiempo, que es la masa madre. Patronal y sindicatos han pactado el SMI con la vista puesta en el otro gran tema, el de la derogación de la reforma laboral, en torno al que convendría que también se avanzara hacia un acuerdo que no será fácil, pero que sería conveniente si se alcanzara un objetivo razonable desde el punto de vista de los intereses de la parte perjudicada por los cambios unilaterales de los gobiernos de Rajoy y Zapatero. Aparte de temas que generan alarma lógica como los despidos por coger la baja médica, hay otros temas insoslayables, en especial las medidas de gran calado que iban dirigidas a debilitar la capacidad de negociar colectivamente las condiciones de trabajo, la ultractividad de los convenios y la prevalencia del convenio sectorial pueden parecer temas áridos y sonar a chino a muchas personas que no saben lo que eso les supone o les puede suponer, pero son la pieza clave para conseguir o mantener derechos: poder negociar verdaderos convenios colectivos y no quedar expuestos al poder del empresario sin capacidad de acción colectiva.
Hoy me siento optimista, creo que hay muchas señales positivas en el acuerdo alcanzado, hasta puede que PP y C's se den cuenta de que en pasarse de frenada no les van a secundar todos sus aliados naturales. Así que acabo con un canto de esperanza, un himno del imprescindible Labordeta que perfectamente puede servir para describir qué es el sindicalismo
dijous, 23 de gener del 2020
dilluns, 20 de gener del 2020
EL PIN PARENTAL O LO QUE SE NOS VIENE ENCIMA
Todo el fin de semana dándole vueltas a algo de lo que el jueves casi nadie había oído hablar ni sabía lo que era, un asunto que sustituyó y enterró el sesudo debate de los tres días anteriores, el surrealista de que cambiar el día de reunión ordinaria del Consejo de Ministros cercenaba el derecho de control parlamentario de la acción de gobierno
Me temo que esa va a ser la tónica de la legislatura, llevar a la desmesura, cuando no inventar, asuntos intrascendentes. Cuando lleguen los trascendentes ya veremos qué pasa
Llevo días sin escribir en el bloc, ocupado como estoy en convertir a MP3 vinilos y casetes que tienen muchos trienios de antigüedad en casa me viene alguna idea a la cabeza y la dejo aparcada hasta que la desdeño. Así las cosas, no me voy a poner a escribir hoy una entrada para rebatir el argumentario de que los hijos (y las hijas) son propiedad privada de los padres (y las madres) y estos tienen el derecho a hacer con ellos lo que les parezca, sobre lo que quiero trasladar alguna reflexión es sobre cómo y con qué fin aparecen estos debates, qué características tienen y qué debemos hacer con frente a ellos
Lo primero ya está dicho, vamos a tenerlos continuamente porque una de las líneas de actuación de la extrema derecha, la cuasiconfesa y la otra, va a ser la agitación permanente. El afán del PP por demostrar su contundencia lo va a llevar a sumarse al carro de VOX y los aspavientos y los discursos apocalípticos serán norma
Hay más cosas de las que el caso del llamado pin parental es sintomático: problemas que no existen se van a crear; se va a llamar de otra manera a cosas que suenan fatal para que no parezca que son lo que son, hay que reconocer que sustituir la palabra veto por pin tiene su mérito y demuestra que pueden jugar con el lenguaje en cualquier tema; los medios de comunicación afines no van a tener ningún escrúpulo en hacer trabajo sucio; las redes sociales van a ser instrumentos desde los que defender lo indefendible para que parezca, además de serio, un tema que preocupa a mucha gente cuando no es así...
Está claro que si el gobierno progresista quiere combatir el ambiente que se pretende crear tiene que avanzar en las propuestas económicas y sociales y recordar continuamente que lo hace. De la subida de las pensiones, lo más substancial de lo acordado en el primer consejo de ministros, apenas si se ha hablado. Pues habrá que recordarlo cuantas veces haga falta y seguir adoptando medidas, escalonándolas con criterios de prioridad para que vayan apareciendo nuevas y siempre haya un tema social de qué hablar cuando se quiera agitar un fantasma y embroncar el debate
¿Significa eso no responder a las barbaridades y mentiras que se van a ir sucediendo? No, el silencio abona el crecimiento de las ideología autoritaria y antidemocrática que esconde cada una de las polémicas que se abren. Ahora bien, en las respuestas habrá que ser consciente de que las tormentas en un vaso de agua, las polémicas artificiales, van a durar días para dar paso a una nueva soflama. Ya habrá temas de enjundia en materia de modelo de sociedad (debate territorial, del modelo educativo, función de los medios de comunicación públicos y privados, fiscalidad, etcétera) que perdurarán y en los que se debería ser proactivo y lanzar las propuestas de actuación en lugar de responder a los ataques. En el campo minado de las escaramuzas convendrá mantener la calma y utilizar la desmesura de los oponentes para volver el debate en su contra, no resulta tan difícil si no nos dejamos llevar por las impresiones que son capaces de generar las redes sociales
Eso sí, hay que estar vigilantes de que el gobierno no deja atrás las medidas que son el eje del programa de gobierno, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría, sin avances y medidas concretas no se ganarán los debates ideológicos, se les llame como se les llame, relato, batalla cultural o lo que se le ocurra al siguiente
Y termino rescatando una de esas viejas canciones que me tienen ocupado estos días. Musicalmente no es lo mejor de Víctor Manuel, pero esta de un disco de 1976 dedicada a Marcelino Camacho traslada a momentos que no eran nada fáciles, los verdaderos padres y madres de la constitución no fueron los que la redactaron. Pues eso, gobierne quien gobierno las pensiones se defienden, ni una menos y todas las reivindicaciones de igualdad son el mejor instrumento frente a los pin, parentales o no, que se puedan inventar
Me temo que esa va a ser la tónica de la legislatura, llevar a la desmesura, cuando no inventar, asuntos intrascendentes. Cuando lleguen los trascendentes ya veremos qué pasa
Llevo días sin escribir en el bloc, ocupado como estoy en convertir a MP3 vinilos y casetes que tienen muchos trienios de antigüedad en casa me viene alguna idea a la cabeza y la dejo aparcada hasta que la desdeño. Así las cosas, no me voy a poner a escribir hoy una entrada para rebatir el argumentario de que los hijos (y las hijas) son propiedad privada de los padres (y las madres) y estos tienen el derecho a hacer con ellos lo que les parezca, sobre lo que quiero trasladar alguna reflexión es sobre cómo y con qué fin aparecen estos debates, qué características tienen y qué debemos hacer con frente a ellos
Lo primero ya está dicho, vamos a tenerlos continuamente porque una de las líneas de actuación de la extrema derecha, la cuasiconfesa y la otra, va a ser la agitación permanente. El afán del PP por demostrar su contundencia lo va a llevar a sumarse al carro de VOX y los aspavientos y los discursos apocalípticos serán norma
Hay más cosas de las que el caso del llamado pin parental es sintomático: problemas que no existen se van a crear; se va a llamar de otra manera a cosas que suenan fatal para que no parezca que son lo que son, hay que reconocer que sustituir la palabra veto por pin tiene su mérito y demuestra que pueden jugar con el lenguaje en cualquier tema; los medios de comunicación afines no van a tener ningún escrúpulo en hacer trabajo sucio; las redes sociales van a ser instrumentos desde los que defender lo indefendible para que parezca, además de serio, un tema que preocupa a mucha gente cuando no es así...
Está claro que si el gobierno progresista quiere combatir el ambiente que se pretende crear tiene que avanzar en las propuestas económicas y sociales y recordar continuamente que lo hace. De la subida de las pensiones, lo más substancial de lo acordado en el primer consejo de ministros, apenas si se ha hablado. Pues habrá que recordarlo cuantas veces haga falta y seguir adoptando medidas, escalonándolas con criterios de prioridad para que vayan apareciendo nuevas y siempre haya un tema social de qué hablar cuando se quiera agitar un fantasma y embroncar el debate
¿Significa eso no responder a las barbaridades y mentiras que se van a ir sucediendo? No, el silencio abona el crecimiento de las ideología autoritaria y antidemocrática que esconde cada una de las polémicas que se abren. Ahora bien, en las respuestas habrá que ser consciente de que las tormentas en un vaso de agua, las polémicas artificiales, van a durar días para dar paso a una nueva soflama. Ya habrá temas de enjundia en materia de modelo de sociedad (debate territorial, del modelo educativo, función de los medios de comunicación públicos y privados, fiscalidad, etcétera) que perdurarán y en los que se debería ser proactivo y lanzar las propuestas de actuación en lugar de responder a los ataques. En el campo minado de las escaramuzas convendrá mantener la calma y utilizar la desmesura de los oponentes para volver el debate en su contra, no resulta tan difícil si no nos dejamos llevar por las impresiones que son capaces de generar las redes sociales
Eso sí, hay que estar vigilantes de que el gobierno no deja atrás las medidas que son el eje del programa de gobierno, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la inmensa mayoría, sin avances y medidas concretas no se ganarán los debates ideológicos, se les llame como se les llame, relato, batalla cultural o lo que se le ocurra al siguiente
Y termino rescatando una de esas viejas canciones que me tienen ocupado estos días. Musicalmente no es lo mejor de Víctor Manuel, pero esta de un disco de 1976 dedicada a Marcelino Camacho traslada a momentos que no eran nada fáciles, los verdaderos padres y madres de la constitución no fueron los que la redactaron. Pues eso, gobierne quien gobierno las pensiones se defienden, ni una menos y todas las reivindicaciones de igualdad son el mejor instrumento frente a los pin, parentales o no, que se puedan inventar
dilluns, 25 de novembre del 2019
A VUELTAS CON LA INMERSIÓN
Vamos con una entrada de "rabiosa actualidad" que arranca con el programa marco del PSC para su congreso y los interminables hilos de debate que ese hecho suscita en la red. No pretendo hacer en esta entrada un análisis completo, sólo continuar sin las limitaciones de los 200 y pico caracteres con una polémica en el que llevo dos días
El caso es que a lo largo de ese hilo ha ido decayendo el argumentario centrado en lo mal que aprenden la infancia catalana, al final las evaluaciones comparables que se hacen están en la línea de lo que se da en otros lugares de España, incluyendo, por supuesto, el dominio de la lengua castellana. No descarto que este Guadiana vuelva a aparecer (es más, estoy convencido de que más temprano que tarde lo hará) pero quiero centrarme en el último clavo ardiendo al que se ha agarrado uno de los más insistentes polemistas de twitter que he tenido en este tema, de perfil anónimo y faltón, como suele ser habitual. Lo último que me ha dicho, acompañado de la salida de tono correspondiente, es que me he quedado sin argumentos ante la siguiente tabla
Como de costumbre ni se cita procedencia ni hay forma de contrastar sus datos que no obstante doy por buenos porque no difieren en exceso de los que ya había manejado yo al respecto.
Antes de pasar a otras cuestiones dos apreciaciones sobre la gráfica. La primera es que hay un clara utilización del efecto óptico que se quiere resaltar al tomar la escala y que conviene no fiarse de la vista en estos casos, la escala empieza en el 440, si se vieran las columnas completas, desde 0 a los 551'7 del valor máximo la vista nos diría que las diferencias son mínimas, las columnas se verían casi iguales. Conviene, por tanto, llevar el tema a proporciones para evitar que las impresiones visuales no jueguen una mala pasada, tomando como nivel 100 los datos de los catalanohablantes en cada uno de los grupos, el índice de los castellanohablantes sería de 97'8, 96'72, 94'52 y 94'90, en todos los casos son diferencias bajas y son menores en los grupos de niveles socioecónomicos y culturales más bajos (esto último no deja de ser chocante porque es contradictorio con algún otro dato de los que dispongo). La segunda es que si tomamos al colectivo de castellanohablantes de nivel bajo nos encontramos con una diferencia de 2'2 puntos en relación a los alumnos catalanohablantes del mismo nivel y de 10'8 con respecto a los castellanohablantes de nivel alto, mucho más significativa pero que desprecian siempre quienes focalizan toda su atención en el tema de la inmersión
Yo no sé mucho de escuelas de negocios, pero creo recordar que hay una máxima cuando se analizan los datos y se aprecia una desviación en unos costes de producción con respecto a lo que sería deseable, debe darse prioridad a las actuaciones sobre aquellos costes que tengan un diferencial mayor respecto a lo deseado, los esfuerzos sobre la desviación de 10'8 son potencialmente de mayor repercusión y además más fáciles de alcanzar. Sé que ese debate se rehúye, pero me niego a abandonarlo, para mi la educación ha de servir, sobre todo, para igualar las oportunidades de todo el mundo pasado el periodo de aprendizaje, para que los que nacen en contextos sociales y familiares más adversos aumenten sus oportunidades de promoción social, si además, y por un criterio de coste de oportunidad, lo más importante es reducir la diferencia de nivel educativo en función de nivel formativo y económico de origen me niego a dejar de llevar el debate a ese terreno
Dicho esto, como es de suponer que casi nadie (no digo nadie porque siempre puede aparecer el energúmeno de turno) piensa que los catalanohablantes sean genéticamente mejores en materia de aprendizaje que los que somos castellanohablantes voy a dar por bueno el argumento de que estudiar y evaluarse en catalán tenga efectos negativos para los castellanohablantes con respecto a los catalanohablantes, si bien ya se ha visto que limitados si se elimina la percepción óptica. Quedan dos opciones, hacer el aprendizaje y la evaluación en castellano de forma preferente (no digo ya exclusiva como era el caso en mi infancia) o cambiar a una política prolengua materna para unos y otros
Como que soy castellanohablante con un conocimiento autodidacta del catalán (por desgracia, en mi escolarización recibí clases de francés pero no de catalán) conozco en primera persona el resultado para los castellanohablantes de cualquiera de las dos opciones, la imposibilidad práctica de adquirir el dominio del catalán y, en consecuencia, un grado de competencia idiomática que dificulta el acceso y/o la promoción profesional. Creo que ya se ha respondido muchas veces por qué no pasa lo contrario con el castellano y este se mantiene vigoroso, afortunadamente, en cuanto al uso en la vida cotidiana en Catalunya, amén de ser debidamente dominado al final de la escolarización obligatoria tal y como demuestran las evaluaciones del ministerio que no de la Generalitat, por si acaso repetiré aquello de que una lengua hablada por 500 millones de personas y que está presente continuamente en los medios de comunicación, las vallas publicitarias, los patios de los colegios, los cines, etcétera goza de un refuerzo extraescolar continuo de increíble eficacia
Es de suponer que a muchos de los que defienden a capa y espada la castellanización del aprendizaje les traerá al pairo otra razón que a mi no me da igual, pero es una obligación constitucional defender todas las lenguas que se hablan en España y la lengua objetivamente más débil en esta relación de coexistencia y vecindad es obviamente el catalán, no es lengua de un estado y tiene un número de hablante muy inferior al castellano, su situación ha mejorado en el periodo democrático, tanto por ser lengua cooficial en Catalunya, como por su uso en una parte de los medios de comunicación, como por el conocimiento de la mayor parte de la población catalana. Sin medidas protectoras y de promoción, entre las que la políticas educativas eficaces a tal fin son fundamentales, difícilmente disfrutaría del actual renacer que posibilita, entre otras cosas, que la literatura española (que no es sólo la que se escribe en catalán, como no es sólo literatura catalana la que se escribe exclusivamente en catalán) habría perdido algunas de sus mejores obras literarias de los últimos 40 años
Termino diciendo que sí existe una solución que evitaría todo debate, sea en Catalunya, Galicia o Euskadi, la desaparición de toda lengua distinta de la castellana, pero me niego a creer que eso esté en la mente de nadie, como mínimo no está en el redactado de la constitución. Entre tanto habrá que asumir que no sirve el mismo sistema educativo para Madrid que para Catalunya, como tampoco debería valer el de Madrid o Catalunya para Castilla-León que tiene un porcentaje de población inmigrante muy inferior y por tanto retos y complejidades diferentes. La de Catalunya es una realidad muy compleja, cualquier alternativa a la inmersión lingüística introduce más problemas que soluciones, cosa distinta es hablar de ajustes que todo apunta irían en la línea contraria de lo que habitualmente se pide, potenciar el castellano allí donde hay poca población castellanohablante, básicamente en las comarcas interiores, y no dónde el castellano es lengua de uso habitual en la vida cotidiana
dimecres, 13 de novembre del 2019
EL FRACASO DEL FRANQUISMO SIN FRANCO (y III)
Aunque lo fundamental para entender la dinámica del primer gobierno de la monarquía vino dado por la movilización social y por los equilibrios y tensiones dentro de las instituciones que gobernaban el país (lo ya expuesto en las entradas anteriores -aquí y aquí-) los procesos históricos son complejos, como las sociedades en los que se desarrollan, la movilización social no funcionó con independencia de las posturas de la oposición aún clandestina, las situaciones no eran iguales en todos los territorios, la violencia política estuvo presente... En definitiva, hay aspectos que ayudan a explicar las grandes tendencias de aquellos días y que apuntan a conflictos futuros que aparecieron en los años posteriores de la misma transición y que legaron consecuencias vivas aún en la actualidad
Las zonas urbanas y con mayor desarrollo económico, junto a territorios con actividades que concentraban mano de obra asalariada, como la minería asturiana o el sector naval, era lógico que tuvieran mayor protagonismo, pero en el caso de Catalunya y Euskadi deben añadirse dinámicas políticas propias, diferentes en cada caso, que se relacionaban y al mismo tiempo iban más allá de las aspiraciones nacionales
En Catalunya se había desarrollado desde mediados de la década de los sesenta un proceso unitario de confrontación con el franquismo, el punto de arranque podría situarse en la Caputxinada de 1966 y culmina con la Assemblea de Catalunya, constituida en 1971 y que se fue extendiendo más allá de Barcelona por el territorio catalán. Sobre las características de este proceso y su importancia remito a entradas anteriores que son básicas para entender la potencia y transversalidad del movimiento unitario antifranquista en Catalunya (aquí, aquí y aquí)
Fue la Assemblea de Catalunya la que convocó la manifestación del 1 de febrero de 1976, duramente reprimida antes de que llegara ni siquiera a concentrarse, y la que volvió a convocar una semana después, el 8 de febrero y otra vez con la respuesta de una dura represión. Las imágenes que recorrieron el mundo decían poco de la voluntad aperturista que proclamaba el gobierno, pero si algo debe destacarse es que se trataba de una gran movilización convocada en clave estrictamente política, sin vinculación directa con ningún tipo de conflicto concreto al estilo de las huelgas laborales que abundaban en aquellos momentos, como dejaba claro el lema de Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia que era el resumen del programa de ruptura defendido por la Assemblea.
La Hoja del Lunes, única prensa escrita que se podía publicar los lunes, llevó la manifestación como principal tema de portada el día 2 de febrero y hablaba de 25 mil participantes según fuentes oficiosas (al día siguiente La Vanguardia volvía a dar esa cifra junto a la estimación de los convocantes de 70 mil asistentes) pero ya le dio un tratamiento más discreto a la del día 8 en la edición de lunes siguiente
Sea como fuere se trataba de una movilización importante, además de muy transversal, que ponía de manifiesto que Catalunya era uno de territorios con mayor asentamiento del antifranquismo militante. No obstante, la primera visita como rey de Juan Carlos I a Catalunya puso de manifiesto apenas una semana después que las unanimidades estaban lejos de existir, el monarca eligió Catalunya como destino de su primer viaje a un territorio español (entonces eran aún regiones) y realizó una visita larga, cinco días en los que estuvo en las cuatro demarcaciones provinciales y participó tanto en actos institucionales como en baños de masas. Las imágenes dejan claro que las calles se podían llenar de manifestantes y que al día siguiente podían verse atestadas de personas vitoreando a los reyes, conviene no perder esa perspectiva de la misma forma que no deben considerarse baladí la elección de Catalunya para la primera visita real o el uso del catalán en alguna intervención, por poner ejemplos, la Casa Real desarrollaba su agenda que era entonces tan importante como la de un gobierno que por aquellas fechas empezaba a discutir sobre unas reformas políticas en las que gran parte de gabinete, empezando por el Presidente del Gobierno, no creía
Si se une la conflictividad social en comarcas industriales como el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, ese mes de febrero en Catalunya refleja tanto la fortaleza de las fuerzas partidarias del cambio político en forma de ruptura, superior a la existente en otros territorios, como la capacidad de maniobra que tenía el poder para reconducir la situación si era capaz de actuar
Con mucho menos peso demográfico y económico y con una trayectoria política muy distinta, la situación en Euskadi no tenía ningún parecido con la de Catalunya, además de la existencia de ETA se expresan otras diferencias que no son intrascendentes. Las prácticas represivas del régimen habían distanciado a gran parte de la población de forma más marcada que en cualquier otro lugar, los estado de excepción fueron frecuentes en los últimos años del franquismo y los abusos durante los mismos también. En nombre de la eficacia en la lucha contra ETA se generó un rechazo de buena parte de la población que se manifestó no sólo en la transcición sino hasta mucho después. Por otra parte, las dinámicas unitarias eran casi inexistentes y el protagonismo de los comunistas y de CC.OO. menos destacado que en los otros territorios con un cierto desarrollo industrial
Durante el gobierno de Arias Navarro se mantuvo la actividad de ETA con una intensidad similar a la del año anterior, 12 asesinatos en el primer semestre del año. Pero será la violencia policial en Vitoria de la que ya se ha hablado el hecho más destacado del periodo, una movilización que hasta la brutal intervención policial no se diferenciaba en mucho de las que se vivieron en el resto de España en el mismo periodo y que tuvo repercusiones más allá del territorio vasco.
El otro gran suceso político de estos meses se produjo en Navarra, pero se enmarca dentro de las herencia de la tradición política vasca, fueron los sucesos de Montejurra. El carlismo estaba dividido entre los seguidores de Carlos Hugo, de posicionamientos izquierdistas, y su hermano Sixto, defensor de los postulados conservadores tradicionales del carlismo. En la peregrinación anual desde el Monasterio de Irache a la cumbre de Montejurra celebrada el 8 de mayo se produjo la agresión de grupos armados partidarios de Sixto de Borbón que causaron dos muertes y numerosos heridos. El enfrentamiento del que se habló en medios próximos a la extrema derecha y al gobierno no existió, lo que se produjo fue un ataque, incluso con el uso de una metralleta pesada, por parte de los partidarios de Sixto de Borbón que armados y reforzados por ultraderechistas de otros países habían ocupado la cumbre de Montejurra días antes con la ayuda de la pasividad policial. El apoyo gubernamental a la facción de Sixto de Borbón para debilitar el alineamiento del carlismo con la oposición democrática fue objeto de denuncia ya en aquellos momentos, a lo que contribuyó que se dejara salir de España a dicho pretendiennte sin investigar su participación en los hechos o la negativa a que en el juicio declarase Manuel Fraga Iribarne, por entonces Ministro del Interior, sobre las más que sospechosas permisividades policiales
El caso de Montejurra pone sobre aviso de un fenómeno frecuente a lo largo de todo el periodo de la Transición, las organizaciones democráticas se enfrentaban a los cuerpos represivos del estado que tenían comportamientos impropios de unos cuerpos de seguridad de un país democrático (España no lo era) y que provocaron un buen número de víctimas (al menos 8 entre febrero y mayo de ese año) pero también a la connivencia de los aparatos del estado con la ultraderecha más violenta. Los responsables directos de los asesinatos en Montejurra se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977, pero más allá de ese dato, la trama que había detrás de los hechos jamás se investigó, la guerra sucia antiterrorista estaba ya en marcha, aunque los hechos más graves de la misma estaban por venir, y los grupos de la ultraderecha actuaban con impunidad, sobre todo en Madrid, causando víctimas hasta entrados los años 80, en 1976 lo hacían ante la pasividad de unos cuerpos de seguridad que no fueron depurados y que miraban para otro lado, cuando no colaboraban con sus acciones, sólo a partir de la matanza de Atocha, en enero de 1977, empezó a actuarse contra los ultraderechistas por el riesgo de desestabilización que suponían, e incluso a partir de entonces contaron con simpatías y connivencias en los aparatos del estado
El relato oficial de la violencia etarra, que existió y fue a más a partir de 1978, como se verá, acostumbra a ignorar la otra violencia vivida durante la Transición, de las que Vitoria y Montejurra son exponentes de dos de las caras que pudo adoptar. La Transición no fue un proceso tranquilo de pactos de despacho, no puede entenderse en toda su complejidad sin tener en cuenta las características del pulso que las fuerzas transformadoras estaban haciéndole a todo un conglomerado de poderes inmovilistas con acceso a muchos resortes de poder
A esa situación debía hacer frente la oposición democrática, con escasa capacidad organizativa si se excluye a los comunistas. Las estrategias, con la excepción vista de Catalunya, eran muy diversas y la unificación de objetivos y planteamientos avanzó con dificultades. El PCE intentó configurar algo parecido a la Assemblea de Catalunya en el ámbito estatal cuando en 1974 encabezó la creación de la Junta Democrática que pretendía aglutinar a partidos, otras entidades y personalidades para forzar la ruptura democrática, pero la dinámica precedente que facilitó el éxito de esa fórmula en Catalunya no se había dado en el resto de España y había formaciones políticas que veían en la propuesta una formula mediante la cual los comunistas controlarían al conjunto del antifranquismo. Esa división cristalizó con la constitución de la Plataforma Democrática en 1975, encabezada por el PSOE
Poco antes de la muerte del dictador ya hubo un comunicado conjunto de ambos organismos que preludiaba la fusión en lo que se denominó popularmente la Platajunta, cuyo acuerdo se presentó el 24 de marzo de 1976, al calor de las fuertes movilizaciones que se estaban produciendo y azuzada por los hechos de Vitoria. Las bases del programa de objetivos conjuntos eran la amnistía y un proceso de ruptura que llevara a otro constituyente, no se hablaba de gobierno provisional aunque el término ruptura resumía sus planteamientos. Lo realmente trascendente es que Felipe González, al aceptar esa vía de disolver la Plataforma e incorporar al PSOE en Coordinación Democrática (nombre oficial de la Platajunta) junto al PCE entre otros, se negó, en palabras de Santos Juliá, a ser el Sagasta de un Fraga haciendo el papel de Cánovas en una reedición de la Restauración decimonónica. El ministro de Exteriores, Areilza, se llegó a quejar ante Alemania de que el PSOE había roto su compromiso con el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) de no pactar con los comunistas, mientras que Fraga, además de imputar al PSOE querer resucitar el Frente Popular procedía, como ya se vio con anterioridad, a encarcelar a los comunistas que estaban presentes en la Platajunta además de a Calvo Serer, monárquico afín al padre del rey. La reacción de los llamados aperturistas que estaban en el gobierno respondía a que su idea de un proceso paulatino de reformas, a plazos e incompletas, necesitaba una cierta legitimación de parte de la oposición al régimen, algo que se dificultaba con la creación del organismo unitario con los objetivos que expresaba, aunque eso no implicó que no siguieran intentando una salida de ese tipo
En definitiva, el primer semestre de 1976 supone el fracaso absoluto del inmovilismo como consecuencia de la movilización social y de las propias divisiones en el interior del régimen. A pesar de la violencia policial y de la permisividad con respecto a la extrema derecha, la presión popular convertía las dudas del poder en un riesgo que permitió al rey (poco afín al Jefe de Gobierno que había tenido que asumir) forzar la dimisión de Arias Navarro e impulsar un cambio de rumbo. Este primer semestre había dejado claras las debilidades del continuismo, el siguiente iba a poner de manifiesto las debilidades de quienes querían forzar la ruptura, pero de eso ya se hablará
Las zonas urbanas y con mayor desarrollo económico, junto a territorios con actividades que concentraban mano de obra asalariada, como la minería asturiana o el sector naval, era lógico que tuvieran mayor protagonismo, pero en el caso de Catalunya y Euskadi deben añadirse dinámicas políticas propias, diferentes en cada caso, que se relacionaban y al mismo tiempo iban más allá de las aspiraciones nacionales
En Catalunya se había desarrollado desde mediados de la década de los sesenta un proceso unitario de confrontación con el franquismo, el punto de arranque podría situarse en la Caputxinada de 1966 y culmina con la Assemblea de Catalunya, constituida en 1971 y que se fue extendiendo más allá de Barcelona por el territorio catalán. Sobre las características de este proceso y su importancia remito a entradas anteriores que son básicas para entender la potencia y transversalidad del movimiento unitario antifranquista en Catalunya (aquí, aquí y aquí)
Fue la Assemblea de Catalunya la que convocó la manifestación del 1 de febrero de 1976, duramente reprimida antes de que llegara ni siquiera a concentrarse, y la que volvió a convocar una semana después, el 8 de febrero y otra vez con la respuesta de una dura represión. Las imágenes que recorrieron el mundo decían poco de la voluntad aperturista que proclamaba el gobierno, pero si algo debe destacarse es que se trataba de una gran movilización convocada en clave estrictamente política, sin vinculación directa con ningún tipo de conflicto concreto al estilo de las huelgas laborales que abundaban en aquellos momentos, como dejaba claro el lema de Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia que era el resumen del programa de ruptura defendido por la Assemblea.
La Hoja del Lunes, única prensa escrita que se podía publicar los lunes, llevó la manifestación como principal tema de portada el día 2 de febrero y hablaba de 25 mil participantes según fuentes oficiosas (al día siguiente La Vanguardia volvía a dar esa cifra junto a la estimación de los convocantes de 70 mil asistentes) pero ya le dio un tratamiento más discreto a la del día 8 en la edición de lunes siguiente
Sea como fuere se trataba de una movilización importante, además de muy transversal, que ponía de manifiesto que Catalunya era uno de territorios con mayor asentamiento del antifranquismo militante. No obstante, la primera visita como rey de Juan Carlos I a Catalunya puso de manifiesto apenas una semana después que las unanimidades estaban lejos de existir, el monarca eligió Catalunya como destino de su primer viaje a un territorio español (entonces eran aún regiones) y realizó una visita larga, cinco días en los que estuvo en las cuatro demarcaciones provinciales y participó tanto en actos institucionales como en baños de masas. Las imágenes dejan claro que las calles se podían llenar de manifestantes y que al día siguiente podían verse atestadas de personas vitoreando a los reyes, conviene no perder esa perspectiva de la misma forma que no deben considerarse baladí la elección de Catalunya para la primera visita real o el uso del catalán en alguna intervención, por poner ejemplos, la Casa Real desarrollaba su agenda que era entonces tan importante como la de un gobierno que por aquellas fechas empezaba a discutir sobre unas reformas políticas en las que gran parte de gabinete, empezando por el Presidente del Gobierno, no creía
Si se une la conflictividad social en comarcas industriales como el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, ese mes de febrero en Catalunya refleja tanto la fortaleza de las fuerzas partidarias del cambio político en forma de ruptura, superior a la existente en otros territorios, como la capacidad de maniobra que tenía el poder para reconducir la situación si era capaz de actuar
Con mucho menos peso demográfico y económico y con una trayectoria política muy distinta, la situación en Euskadi no tenía ningún parecido con la de Catalunya, además de la existencia de ETA se expresan otras diferencias que no son intrascendentes. Las prácticas represivas del régimen habían distanciado a gran parte de la población de forma más marcada que en cualquier otro lugar, los estado de excepción fueron frecuentes en los últimos años del franquismo y los abusos durante los mismos también. En nombre de la eficacia en la lucha contra ETA se generó un rechazo de buena parte de la población que se manifestó no sólo en la transcición sino hasta mucho después. Por otra parte, las dinámicas unitarias eran casi inexistentes y el protagonismo de los comunistas y de CC.OO. menos destacado que en los otros territorios con un cierto desarrollo industrial
Durante el gobierno de Arias Navarro se mantuvo la actividad de ETA con una intensidad similar a la del año anterior, 12 asesinatos en el primer semestre del año. Pero será la violencia policial en Vitoria de la que ya se ha hablado el hecho más destacado del periodo, una movilización que hasta la brutal intervención policial no se diferenciaba en mucho de las que se vivieron en el resto de España en el mismo periodo y que tuvo repercusiones más allá del territorio vasco.
El otro gran suceso político de estos meses se produjo en Navarra, pero se enmarca dentro de las herencia de la tradición política vasca, fueron los sucesos de Montejurra. El carlismo estaba dividido entre los seguidores de Carlos Hugo, de posicionamientos izquierdistas, y su hermano Sixto, defensor de los postulados conservadores tradicionales del carlismo. En la peregrinación anual desde el Monasterio de Irache a la cumbre de Montejurra celebrada el 8 de mayo se produjo la agresión de grupos armados partidarios de Sixto de Borbón que causaron dos muertes y numerosos heridos. El enfrentamiento del que se habló en medios próximos a la extrema derecha y al gobierno no existió, lo que se produjo fue un ataque, incluso con el uso de una metralleta pesada, por parte de los partidarios de Sixto de Borbón que armados y reforzados por ultraderechistas de otros países habían ocupado la cumbre de Montejurra días antes con la ayuda de la pasividad policial. El apoyo gubernamental a la facción de Sixto de Borbón para debilitar el alineamiento del carlismo con la oposición democrática fue objeto de denuncia ya en aquellos momentos, a lo que contribuyó que se dejara salir de España a dicho pretendiennte sin investigar su participación en los hechos o la negativa a que en el juicio declarase Manuel Fraga Iribarne, por entonces Ministro del Interior, sobre las más que sospechosas permisividades policiales
El caso de Montejurra pone sobre aviso de un fenómeno frecuente a lo largo de todo el periodo de la Transición, las organizaciones democráticas se enfrentaban a los cuerpos represivos del estado que tenían comportamientos impropios de unos cuerpos de seguridad de un país democrático (España no lo era) y que provocaron un buen número de víctimas (al menos 8 entre febrero y mayo de ese año) pero también a la connivencia de los aparatos del estado con la ultraderecha más violenta. Los responsables directos de los asesinatos en Montejurra se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977, pero más allá de ese dato, la trama que había detrás de los hechos jamás se investigó, la guerra sucia antiterrorista estaba ya en marcha, aunque los hechos más graves de la misma estaban por venir, y los grupos de la ultraderecha actuaban con impunidad, sobre todo en Madrid, causando víctimas hasta entrados los años 80, en 1976 lo hacían ante la pasividad de unos cuerpos de seguridad que no fueron depurados y que miraban para otro lado, cuando no colaboraban con sus acciones, sólo a partir de la matanza de Atocha, en enero de 1977, empezó a actuarse contra los ultraderechistas por el riesgo de desestabilización que suponían, e incluso a partir de entonces contaron con simpatías y connivencias en los aparatos del estado
El relato oficial de la violencia etarra, que existió y fue a más a partir de 1978, como se verá, acostumbra a ignorar la otra violencia vivida durante la Transición, de las que Vitoria y Montejurra son exponentes de dos de las caras que pudo adoptar. La Transición no fue un proceso tranquilo de pactos de despacho, no puede entenderse en toda su complejidad sin tener en cuenta las características del pulso que las fuerzas transformadoras estaban haciéndole a todo un conglomerado de poderes inmovilistas con acceso a muchos resortes de poder
A esa situación debía hacer frente la oposición democrática, con escasa capacidad organizativa si se excluye a los comunistas. Las estrategias, con la excepción vista de Catalunya, eran muy diversas y la unificación de objetivos y planteamientos avanzó con dificultades. El PCE intentó configurar algo parecido a la Assemblea de Catalunya en el ámbito estatal cuando en 1974 encabezó la creación de la Junta Democrática que pretendía aglutinar a partidos, otras entidades y personalidades para forzar la ruptura democrática, pero la dinámica precedente que facilitó el éxito de esa fórmula en Catalunya no se había dado en el resto de España y había formaciones políticas que veían en la propuesta una formula mediante la cual los comunistas controlarían al conjunto del antifranquismo. Esa división cristalizó con la constitución de la Plataforma Democrática en 1975, encabezada por el PSOE
Poco antes de la muerte del dictador ya hubo un comunicado conjunto de ambos organismos que preludiaba la fusión en lo que se denominó popularmente la Platajunta, cuyo acuerdo se presentó el 24 de marzo de 1976, al calor de las fuertes movilizaciones que se estaban produciendo y azuzada por los hechos de Vitoria. Las bases del programa de objetivos conjuntos eran la amnistía y un proceso de ruptura que llevara a otro constituyente, no se hablaba de gobierno provisional aunque el término ruptura resumía sus planteamientos. Lo realmente trascendente es que Felipe González, al aceptar esa vía de disolver la Plataforma e incorporar al PSOE en Coordinación Democrática (nombre oficial de la Platajunta) junto al PCE entre otros, se negó, en palabras de Santos Juliá, a ser el Sagasta de un Fraga haciendo el papel de Cánovas en una reedición de la Restauración decimonónica. El ministro de Exteriores, Areilza, se llegó a quejar ante Alemania de que el PSOE había roto su compromiso con el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán) de no pactar con los comunistas, mientras que Fraga, además de imputar al PSOE querer resucitar el Frente Popular procedía, como ya se vio con anterioridad, a encarcelar a los comunistas que estaban presentes en la Platajunta además de a Calvo Serer, monárquico afín al padre del rey. La reacción de los llamados aperturistas que estaban en el gobierno respondía a que su idea de un proceso paulatino de reformas, a plazos e incompletas, necesitaba una cierta legitimación de parte de la oposición al régimen, algo que se dificultaba con la creación del organismo unitario con los objetivos que expresaba, aunque eso no implicó que no siguieran intentando una salida de ese tipo
En definitiva, el primer semestre de 1976 supone el fracaso absoluto del inmovilismo como consecuencia de la movilización social y de las propias divisiones en el interior del régimen. A pesar de la violencia policial y de la permisividad con respecto a la extrema derecha, la presión popular convertía las dudas del poder en un riesgo que permitió al rey (poco afín al Jefe de Gobierno que había tenido que asumir) forzar la dimisión de Arias Navarro e impulsar un cambio de rumbo. Este primer semestre había dejado claras las debilidades del continuismo, el siguiente iba a poner de manifiesto las debilidades de quienes querían forzar la ruptura, pero de eso ya se hablará
dissabte, 9 de novembre del 2019
A JOAN CENTELLES SOBRE LA ESPAÑA IMPOSIBLE
Mientras voy acabando una nueva entrada en este bloc sobre la historia de la Transición me voy resistiendo a abordar otros temas. Así, he evitado hablar sobre nada que tuviera que ver con las elecciones de mañana.
Pero hay un tema, recurrente, sobre el que voy a volver a hablar. Joan Centelles (activista social y vecinal de mi ciudad) y yo somos seguidores mutuos en twitter, pero no tenemos la misma visión de fet nacional català, siendo los dos contrarios al procés y declaradamente contrarios a la independencia no tenemos la misma visión de lo que son España y Catalunya y, sobre todo, de cómo abordar eso tan famoso del encaje.
Viene esto a cuento de dos artículos que colgó ayer en al red y sobre los que hice comentarios socarrones, twitter tampoco da para mucho más. Los artículos en cuestión son este y este y he pensado que el bueno de Joan Centelles se merece quizá algún razonamiento más que un mal pareado y una respuesta cortante. Así que allá me lanzo, intentando condensar en poco espacio algo muy complejo ciertamente
Creo que se equivocará la izquierda española que quiera construir una idea nacional de España de nación única inclusiva, respetuosa con las diversidades culturales y lingúísticas, no porque sea un mal deseo, sino porque es un imposible. La idea de una España de valores republicanos (no me refiero a la forma de estado, sino a eso que nos han vendido que define la idea de nación en Francia) pudo haber sido un planteamiento político viable en el s. XIX, pero fracasó, el proceso de revolución liberal en España se dio de tal forma que las burguesías periféricas, sobre todo en Catalunya, acabaron abrazando su propio proyecto nacional. Difícilmente el proyecto nacional que inspira la Constitución de 1812 hubiera protegido las diversidades culturales, ese es otro tema, pero sí podría haber afianzado una idea de nación con la que se identificaran las clases dirigentes de todo el territorio, con lo que las expresiones nacionalistas periféricas hubiesen tenido muy difícil prosperar
Sucede que el pasado acaeció de una forma determinada y no valen las formulaciones sobre lo que hubiera podido suceder si las cosas se hubieran dado de otra manera. Y sucede también que el pasado condiciona la realidad presente. Para la izquierda española hay dos opciones realistas en la actualidad, asumir la plurinacionalidad o comprar el proyecto uniformizador español y cargarlo de contenido social para que no sea una simple asunción del modelo conservador. Soñar con que el sentimiento de pertenencia a una nación catalana desaparezca por sugestión es hoy por hoy una quimera, pretender hacerlo a la fuerza nos lleva al venceréis pero no convenceréis unamuniano que ahora está de moda gracias al cine
Pero como el articulista, Juan Claudio de Ramón, me lo sirve en bandeja voy a tomar el ejemplo del Imperio Austro-Húngaro que él trae a colación. Tras las guerras napoleónicas el Imperio quedó como una de las potencias triunfadoras y Metternich, su primer ministro, fue el arquitecto de la restauración del orden anterior a la revolución francesa en Europa, todo se fue al garete con las revoluciones de 1848 y al Imperio (a partir de entonces Austro-Húngaro) enemigo de construir una nación de ciudadanos, le empezaron a estallar las costuras por las presiones identitarias, la misma Austria quedó tocada y con dificultades para establecer una identidad propia (lo que a la larga favoreció el Anchluss hitleriano de 1938). Poner esa amalgama imperial como ejemplo de pluralidad frente al "rimero de naciones centroeuropeas en que se descompuso" no pasará a los anales como la comparación más atinada susceptible de formularse, ¿queremos una España preliberal, sin ciudadanía con derechos en la que la argamasa que une al conjunto sea un interés de estado ajeno a la voluntad popular? Es imposible saber si aquel imperio podría haber avanzado hacia una nación unificada de haber adoptado otras políticas, lo que sí sabemos es que fue imposible mantenerlo pretendiendo impedir que se desarrollaran otros proyectos nacionales cuando estos ya hubieron cristalizado
Soy catalanista y asumo que esa es una forma de nacionalismo, porque sí creo que Catalunya es una nación, no en base a criterios de identidad cultural, sino por la voluntad de su población. No soy independentista porque no creo que los estados-nación sean instrumentos útiles para hacer frente a los retos actuales que son transnacionales. Creo que España está a tiempo, cada vez menos a tiempo, de configurarse como un sujeto estatal plurinacional, donde convivan la propia nación española, con la catalana, la vasca y las otras identidades nacionales que existen o se incuban, asumiendo que comparten espacios y conviven mezcladas, que hay ciudadanos de Valencia que se sienten catalanes y ciudadanos de Catalunya que se sienten españoles o las dos cosas, pero que también es necesario construir poderes supraestatales. Si las distintas naciones seguirán siendo un sujeto histórico con relevancia en el futuro, se trate de España, Catalunya o Alemania no lo sabemos ahora, lo que sí sabemos es que la convivencia sólo es posible desde el respeto a las ideas de pertenencia de los otros y que pretender una España plural pero no plurinacional es una forma como otra cualquiera de imponer una única idea de pertenencia nacional. Y a lo mejor es una idea hasta bien intencionada, sólo que es un imposible
Espero que a Joan Centelles esto le parezca más constructivo que el rechazo sin más a los planteamientos de los artículos que me pasó, ahora ya sabe a qué atenerse, cualquier cosa que suponga negar la existencia de la nación catalana y su reconocimiento me parecerá, hoy por hoy, un dislate. Lo que pueda pasar en el futuro ya será otra cosa, al igual hablar de naciones resulta una obsolescencia en pocas décadas
Pero hay un tema, recurrente, sobre el que voy a volver a hablar. Joan Centelles (activista social y vecinal de mi ciudad) y yo somos seguidores mutuos en twitter, pero no tenemos la misma visión de fet nacional català, siendo los dos contrarios al procés y declaradamente contrarios a la independencia no tenemos la misma visión de lo que son España y Catalunya y, sobre todo, de cómo abordar eso tan famoso del encaje.
Viene esto a cuento de dos artículos que colgó ayer en al red y sobre los que hice comentarios socarrones, twitter tampoco da para mucho más. Los artículos en cuestión son este y este y he pensado que el bueno de Joan Centelles se merece quizá algún razonamiento más que un mal pareado y una respuesta cortante. Así que allá me lanzo, intentando condensar en poco espacio algo muy complejo ciertamente
Creo que se equivocará la izquierda española que quiera construir una idea nacional de España de nación única inclusiva, respetuosa con las diversidades culturales y lingúísticas, no porque sea un mal deseo, sino porque es un imposible. La idea de una España de valores republicanos (no me refiero a la forma de estado, sino a eso que nos han vendido que define la idea de nación en Francia) pudo haber sido un planteamiento político viable en el s. XIX, pero fracasó, el proceso de revolución liberal en España se dio de tal forma que las burguesías periféricas, sobre todo en Catalunya, acabaron abrazando su propio proyecto nacional. Difícilmente el proyecto nacional que inspira la Constitución de 1812 hubiera protegido las diversidades culturales, ese es otro tema, pero sí podría haber afianzado una idea de nación con la que se identificaran las clases dirigentes de todo el territorio, con lo que las expresiones nacionalistas periféricas hubiesen tenido muy difícil prosperar
Sucede que el pasado acaeció de una forma determinada y no valen las formulaciones sobre lo que hubiera podido suceder si las cosas se hubieran dado de otra manera. Y sucede también que el pasado condiciona la realidad presente. Para la izquierda española hay dos opciones realistas en la actualidad, asumir la plurinacionalidad o comprar el proyecto uniformizador español y cargarlo de contenido social para que no sea una simple asunción del modelo conservador. Soñar con que el sentimiento de pertenencia a una nación catalana desaparezca por sugestión es hoy por hoy una quimera, pretender hacerlo a la fuerza nos lleva al venceréis pero no convenceréis unamuniano que ahora está de moda gracias al cine
Pero como el articulista, Juan Claudio de Ramón, me lo sirve en bandeja voy a tomar el ejemplo del Imperio Austro-Húngaro que él trae a colación. Tras las guerras napoleónicas el Imperio quedó como una de las potencias triunfadoras y Metternich, su primer ministro, fue el arquitecto de la restauración del orden anterior a la revolución francesa en Europa, todo se fue al garete con las revoluciones de 1848 y al Imperio (a partir de entonces Austro-Húngaro) enemigo de construir una nación de ciudadanos, le empezaron a estallar las costuras por las presiones identitarias, la misma Austria quedó tocada y con dificultades para establecer una identidad propia (lo que a la larga favoreció el Anchluss hitleriano de 1938). Poner esa amalgama imperial como ejemplo de pluralidad frente al "rimero de naciones centroeuropeas en que se descompuso" no pasará a los anales como la comparación más atinada susceptible de formularse, ¿queremos una España preliberal, sin ciudadanía con derechos en la que la argamasa que une al conjunto sea un interés de estado ajeno a la voluntad popular? Es imposible saber si aquel imperio podría haber avanzado hacia una nación unificada de haber adoptado otras políticas, lo que sí sabemos es que fue imposible mantenerlo pretendiendo impedir que se desarrollaran otros proyectos nacionales cuando estos ya hubieron cristalizado
Soy catalanista y asumo que esa es una forma de nacionalismo, porque sí creo que Catalunya es una nación, no en base a criterios de identidad cultural, sino por la voluntad de su población. No soy independentista porque no creo que los estados-nación sean instrumentos útiles para hacer frente a los retos actuales que son transnacionales. Creo que España está a tiempo, cada vez menos a tiempo, de configurarse como un sujeto estatal plurinacional, donde convivan la propia nación española, con la catalana, la vasca y las otras identidades nacionales que existen o se incuban, asumiendo que comparten espacios y conviven mezcladas, que hay ciudadanos de Valencia que se sienten catalanes y ciudadanos de Catalunya que se sienten españoles o las dos cosas, pero que también es necesario construir poderes supraestatales. Si las distintas naciones seguirán siendo un sujeto histórico con relevancia en el futuro, se trate de España, Catalunya o Alemania no lo sabemos ahora, lo que sí sabemos es que la convivencia sólo es posible desde el respeto a las ideas de pertenencia de los otros y que pretender una España plural pero no plurinacional es una forma como otra cualquiera de imponer una única idea de pertenencia nacional. Y a lo mejor es una idea hasta bien intencionada, sólo que es un imposible
Espero que a Joan Centelles esto le parezca más constructivo que el rechazo sin más a los planteamientos de los artículos que me pasó, ahora ya sabe a qué atenerse, cualquier cosa que suponga negar la existencia de la nación catalana y su reconocimiento me parecerá, hoy por hoy, un dislate. Lo que pueda pasar en el futuro ya será otra cosa, al igual hablar de naciones resulta una obsolescencia en pocas décadas
dilluns, 16 de setembre del 2019
EL FRACASO DEL FRANQUISMO SIN FRANCO (II)
Sólo teniendo presente la situación de conflicto social abierto, del que el movimiento obrero (aquí) es quizá el mayor exponente, pero no el único, puede entenderse la reorientación de estrategia que se gesta en ese primer periodo de la monarquía reinstaurada y que culmina con la sustitución de Carlos Arias por Adolfo Suárez.
Juan Carlos I empieza su reinado entre expectativas democratizadoras tibias y presiones contrarias que explican las características de su primer gobierno, mezcla de inmovilismo y aperturismo aceptable para el régimen. Hasta que la presión popular cuestionó el juego versallesco entre unos y otros ese fue el terreno en el que pensó moverse la monarquía en un primer momento, por mucho que se quieran resaltar declaraciones a medios extranjeros o las manifestaciones de fidelidad al pensamiento de su padre como pruebas de la voluntad inicial del rey de avanzar hacía un sistema plenamente democrático.
El análisis de lo sucedido en esos meses claves podría hacerse cronológicamente, pero la multitud de temáticas que se entrecruzan hacen preferible una aproximación no tan lineal cronológicamente que permita entender la influencia de factores como las relaciones internacionales, las resistencias del franquismo más intransigente, las diferentes estrategias opositoras, o las situaciones territoriales diferenciadas, por ejemplo
Los primeros días del reinado de Juan Carlos I ponen en evidencia tanto las expectativas como los temores al peso de los sectores más inmovilistas
Las primeras se expresan en las diferencias entre los actos de juramento del 22 de noviembre (condicionado por ser anterior en dos días al entierro de Franco) y el de exaltación a la corona del 27 de mismo mes. Lo más comentado de esta ceremonia fue la homilía del cardenal Tarancón en la que no hacía falta leer entre líneas para entender que la cúpula eclesiástica se desmarcaba abiertamente del régimen franquista, era la expresión de que no todo lo que debía afrontar el reinado que se iniciaba iba a ser la oposición de los más intransigentes a cualquier cambio. La Iglesia llevaba tiempo chocando con el franquismo después de haber sido uno de sus principales soportes (aquí) y no era, como se verá más adelante con el caso de la burguesía catalana, el único apoyo social que había ido perdiendo
La otra gran diferencia fue el rango de las delegaciones extranjeras, la asistencia el día 22 implicaba la presencia en el entierro del dictador y fue muy reducida por lo que respecta a altos mandatarios, tan sólo Pinochet y el rey Hussein de Jordania, además de la dictadora consorte filipina Imelda Marcos, mientras que el día 27 asistieron cargos del relieve del presidente francés Giscard d'Estaing, el presidente alemán o el duque de Edimburgo, si bien su relevancia política era muy inferior a la del francés por el carácter protocolario de la figura del presidente en Alemania y del consorte de la monarca británica estaba claro que las grandes potencias europeas marcaban distancias con el dictador fallecido y tenían interés en el escenario que se abría en España, sobre todo Francia. No obstante conviene recordar que la presencia estadounidense tuvo el mismo nivel en los dos actos, la del vicepresidente Rockefeller
Desde el unto de vista de las relaciones exteriores los países europeos se ven obligados a mantener las formas ante la opinión pública respectiva, son muy recientes aún las protestas contra el régimen franquista a raíz de sus últimas ejecuciones (aquí). La exigencia de reformas democráticas para facilitar la integración en la Comunidad Económica Europea ayudó a que el poder económico interesado en ese proceso las asumiera pese a que suponían inconvenientes de otro tipo. Menos escrúpulos tenían los USA en el contexto de Guerra Fría, los dos objetivos a los que supeditaban toda su estrategia eran:
1.- La renovación de los tratados con España que les permitieran seguir disponiendo de las bases, estaban avanzados y acabaron entrando en vigor el septiembre de 1976, pero se firmaron ya en enero de 1976, por lo que estaban ultimados antes de la muerte de Franco
2.- El mantenimiento de España en el boque occidental sin sobresaltos a la portuguesa. Los USA no habían tenido ningún problema en auspiciar el golpe de Pinochet dos años antes y tampoco lo tuvieron para volver a hacerlo con el que se produjo en Argentina el 24 de marzo de 1976 y que llevó a Videla y compañía al poder. Por lo que respecta a España su opción era la de un proceso lento en el que se excluyera al partido comunista y todo lo que se relacionara con él, es decir, eran partidarios de unas pseudodemocracia muy similar a la que pretendían los sectores aperturistas del gobierno Arias y que parecía dispuesta a aceptar parte de la oposición democrática.
La trascendencia que se ha dado habitualmente a la visita del rey a los USA en mayo de 1976 debe matizarse, fue su primera visita oficial a otro país y fundamental para acabar con el experimento del gobierno de Arias Navarro, o lo que es lo mismo, para la continuidad del franquismo sin Franco, pero por lo que tuvo de ratificación de una decisión ya meditada, nunca como causa de la misma que tenía sus razones en la situación interna que se vivió en España en los primeros meses del reinado, el miedo al involucionismo había sido cuando menos equilibrado por el miedo a un desborde rupturista
Las primeras decisiones de Juan Carlos I evitaban el choque con los sectores más continuistas del franquismo, no aceptó la dimisión que Arias Navarro presentó el 13 de noviembre, con Franco aún vivo, y se limitó, ya como Jefe de Estado definitivo, a llevar a Torcuato Fernández Miranda a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Las pocas simpatías mutuas entre el rey y el presidente de gobierno no impidieron la continuidad de éste, si bien con un gabinete con fuerte presencia de representantes del llamado aperturismo, de entre los que destacaban Manuel Fraga en Gobernación y Areilza en Exteriores.
Más allá de enfrentarse a una situación social de fuerte conflicto y a una situación económica de crisis profunda, con elevada inflación y desempleo creciente, el gran tema de ese medio año de gobierno debería haber sido el impulso a un proceso de cambio político, pero la omnipresente ley de reforma política enfrentaba a los partidarios de un proceso paulatino en la línea de lo deseado por Washington con los defensores de cambios menos ambiciosos, poco más que la continuidad de lo existente, con Arias Navarro a la cabeza.
José María de Areilza, el más aperturista de todos los ministros del gabinete que había llegado a ceder locales a CC.OO. en el periodo franquista, dejaba claro los límites de su postura en la entrevista concedida a José Luis Cebrián en abril de 1975: compromiso de los no comunistas y restar protagonismo a Comisiones Obreras (a las que consideraba parte del comunismo organizado, la más preocupante por su representatividad y capacidad de movilización) mediante el pluralismo sindical. Es tanto como decir que ese era el límite máximo de un gobierno donde el presidente se alineaba con el área más inmovilista y pretendía ir más despacio y no llegar tan lejos.
En el terreno de la política impulsada desde el gobierno, aparte de la represión a lo mucho que consideraban que iba más allá de lo admisible, destacaron dos frentes de actuación no necesariamente coordinados, los debates internos de las diferentes familias del franquismo sobre la reforma política y la política de gestos y contactos para perfilar una vía lenta hacia una democracia parcial
El gobierno, tras la confirmación de Arias Navarro, fue nombrado el 11 de diciembre, sobre la situación de la España del momento es ilustrativo que en el mismo número de La Vanguardia en el que se informa de ello (edición del 12 de diciembre) aparecieran las siguientes noticias breves en un apartado de orden público: puesta a disposición de Marcelino Camacho ante el Tribunal de Orden Público (hacía escasos días que estaba en libertad por el indulto real), dos personas puestas a disposición del TOP por intentar un homenaje en la tumba de Pablo Iglesias, petición de permiso para procesar al sacerdote García Salve (procesado y condenado en el proceso 1001 contra los dirigentes de CC.OO.), perdón de la una multa impuesta al también sacerdote Díez Alegría, tres detenidos en Zaragoza puestos a disposición del juzgado por participar en un acto proamnistía, manifestación en Bilbao con las consiguientes retenciones de algunos participantes por parte de la policía nacional
La ley de reforma política fue el tema estrella de la vida política oficial en el periodo, la evidencia de la pugna interna entre los sectores más inmovilistas y los aperturistas fue su caótico final. tras meses de debate, idas y venidas, la norma que debía permitir la legalización de los partidos políticos acabó siendo aprobada y bloqueada en la Cortes que el 9 de junio acabaron por no debatir ni aprobar la modificación del código penal, imprescindible para poder aplicar la ley de asociaciones votada previamente. Por su parte, el Consejo Nacional del Movimiento entorpecía con dictamines desfavorables los proyectos que le iban llegando hasta el día antes del cese de Carlos Arias Navarro
En paralelo se iba desarrollando una política de gestos que buscaba atraer a parte de la oposición democrática. Así, se permitía lo que de hecho era el Congreso de la UGT entre el 15 y el 18 de abril, mientras que se impedía nada parecido a CC.OO. que no pudo celebrar una reunión de similares características en Madrid y acabó forzando la Asamblea de Barcelona en la iglesia de San Medir en un sólo día, el 11 de julio, ya con el nuevo gobierno presidido por Suárez. El 29 de marzo fueron detenidas 13 personas que iban a presentar el acuerdo de constituir Coordinación Democráticas (más conocida como Platajunta, de la que se hablará en una próxima entrada) de las que son puestas en libertad nueve y pasan a prisión Marcelino Camacho, de CC.OO. y el PCE, Javier Álvarez Dorronsoro del Movimiento Comunista, Nazario Aguado del Partido del Trabajo y Antonio García Trevijano, independiente afín a la derecha monárquica democrática y miembro de la Junta Democrática, los tres primeros estuvieron en prisión hasta finales de mayo y el último hasta mediados de junio, mientras que los restantes detenidos, vinculados a diferentes partidos socialistas, democristianos, etcétera fueron puestos en libertad. Que la figura más conocida de CC.OO. estuviera de nuevo en prisión mientras la UGT realizaba su congreso con consentimiento gubernamental, o que se encarcelara a los detenidos de la Platajunta vinculados a opciones de carácter comunistas y a un independiente integrado en el organismo unitario impulsado por el PCE no era una casualidad, mientras ellos estaban en prisión Manuel Fraga, ministro del Interior y uno de os hombre fuertes del gobierno se reunió con Felipe González (PSOE) y Nicolás Redondo (UGT), el rey recibía a Gil Robles o el ministro de Exteriores, Areilza, proponía públicamente un pacto nacional a la oposición moderada
Si bien la tendencia general fue la del tratamiento diferenciado dependiendo de la tendencia política la combinación de represión y gestos de permisividad siguió pautas de arbitrariedad de todo tipo. Valga un ejemplo local, el 17 de abril fue detenido en Madrid el egarense Domènech Martínez, en aquel momento máximo dirigente de la Joventut Comunista de Catalunya y miembro de la dirección de la UJCE, las juventudes del PCE, según los autos él y los otros dirigentes de la UJCE detenidos estaban preparando los actos del 1º de mayo. Torturados en las dependencias de la Dirección General de Seguridad de Madrid pasaron a la cárcel de Carabanchel hasta la puesta en libertad el día 15 de junio, mientras tanto, en Terrassa, la ciudad del mencionado Doménech Martínez, se pudo pactar con las autoridades y organizar el primer miting comunista (del PSUC) en toda España el día 29 de mayo. La contradicción entre permitir un acto público de los comunistas catalanes (que llenaron el pabellón deportivo) y al mismo tiempo tener detenido a responsable de sus juventudes no deja de ser indicativa del pulso político que se estaba manteniendo
Mientras la política institucional se movía entre estas dos vías de inmovilismo y reforma lenta la oposición clandestina desarrollaba su actividad y la presión en la calle, pero de eso y del papel de la violencia en esos meses se tratará en una próxima entrada
Juan Carlos I empieza su reinado entre expectativas democratizadoras tibias y presiones contrarias que explican las características de su primer gobierno, mezcla de inmovilismo y aperturismo aceptable para el régimen. Hasta que la presión popular cuestionó el juego versallesco entre unos y otros ese fue el terreno en el que pensó moverse la monarquía en un primer momento, por mucho que se quieran resaltar declaraciones a medios extranjeros o las manifestaciones de fidelidad al pensamiento de su padre como pruebas de la voluntad inicial del rey de avanzar hacía un sistema plenamente democrático.
El análisis de lo sucedido en esos meses claves podría hacerse cronológicamente, pero la multitud de temáticas que se entrecruzan hacen preferible una aproximación no tan lineal cronológicamente que permita entender la influencia de factores como las relaciones internacionales, las resistencias del franquismo más intransigente, las diferentes estrategias opositoras, o las situaciones territoriales diferenciadas, por ejemplo
Los primeros días del reinado de Juan Carlos I ponen en evidencia tanto las expectativas como los temores al peso de los sectores más inmovilistas
Las primeras se expresan en las diferencias entre los actos de juramento del 22 de noviembre (condicionado por ser anterior en dos días al entierro de Franco) y el de exaltación a la corona del 27 de mismo mes. Lo más comentado de esta ceremonia fue la homilía del cardenal Tarancón en la que no hacía falta leer entre líneas para entender que la cúpula eclesiástica se desmarcaba abiertamente del régimen franquista, era la expresión de que no todo lo que debía afrontar el reinado que se iniciaba iba a ser la oposición de los más intransigentes a cualquier cambio. La Iglesia llevaba tiempo chocando con el franquismo después de haber sido uno de sus principales soportes (aquí) y no era, como se verá más adelante con el caso de la burguesía catalana, el único apoyo social que había ido perdiendo
La otra gran diferencia fue el rango de las delegaciones extranjeras, la asistencia el día 22 implicaba la presencia en el entierro del dictador y fue muy reducida por lo que respecta a altos mandatarios, tan sólo Pinochet y el rey Hussein de Jordania, además de la dictadora consorte filipina Imelda Marcos, mientras que el día 27 asistieron cargos del relieve del presidente francés Giscard d'Estaing, el presidente alemán o el duque de Edimburgo, si bien su relevancia política era muy inferior a la del francés por el carácter protocolario de la figura del presidente en Alemania y del consorte de la monarca británica estaba claro que las grandes potencias europeas marcaban distancias con el dictador fallecido y tenían interés en el escenario que se abría en España, sobre todo Francia. No obstante conviene recordar que la presencia estadounidense tuvo el mismo nivel en los dos actos, la del vicepresidente Rockefeller
Desde el unto de vista de las relaciones exteriores los países europeos se ven obligados a mantener las formas ante la opinión pública respectiva, son muy recientes aún las protestas contra el régimen franquista a raíz de sus últimas ejecuciones (aquí). La exigencia de reformas democráticas para facilitar la integración en la Comunidad Económica Europea ayudó a que el poder económico interesado en ese proceso las asumiera pese a que suponían inconvenientes de otro tipo. Menos escrúpulos tenían los USA en el contexto de Guerra Fría, los dos objetivos a los que supeditaban toda su estrategia eran:
1.- La renovación de los tratados con España que les permitieran seguir disponiendo de las bases, estaban avanzados y acabaron entrando en vigor el septiembre de 1976, pero se firmaron ya en enero de 1976, por lo que estaban ultimados antes de la muerte de Franco
2.- El mantenimiento de España en el boque occidental sin sobresaltos a la portuguesa. Los USA no habían tenido ningún problema en auspiciar el golpe de Pinochet dos años antes y tampoco lo tuvieron para volver a hacerlo con el que se produjo en Argentina el 24 de marzo de 1976 y que llevó a Videla y compañía al poder. Por lo que respecta a España su opción era la de un proceso lento en el que se excluyera al partido comunista y todo lo que se relacionara con él, es decir, eran partidarios de unas pseudodemocracia muy similar a la que pretendían los sectores aperturistas del gobierno Arias y que parecía dispuesta a aceptar parte de la oposición democrática.
La trascendencia que se ha dado habitualmente a la visita del rey a los USA en mayo de 1976 debe matizarse, fue su primera visita oficial a otro país y fundamental para acabar con el experimento del gobierno de Arias Navarro, o lo que es lo mismo, para la continuidad del franquismo sin Franco, pero por lo que tuvo de ratificación de una decisión ya meditada, nunca como causa de la misma que tenía sus razones en la situación interna que se vivió en España en los primeros meses del reinado, el miedo al involucionismo había sido cuando menos equilibrado por el miedo a un desborde rupturista
Las primeras decisiones de Juan Carlos I evitaban el choque con los sectores más continuistas del franquismo, no aceptó la dimisión que Arias Navarro presentó el 13 de noviembre, con Franco aún vivo, y se limitó, ya como Jefe de Estado definitivo, a llevar a Torcuato Fernández Miranda a la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Las pocas simpatías mutuas entre el rey y el presidente de gobierno no impidieron la continuidad de éste, si bien con un gabinete con fuerte presencia de representantes del llamado aperturismo, de entre los que destacaban Manuel Fraga en Gobernación y Areilza en Exteriores.
Más allá de enfrentarse a una situación social de fuerte conflicto y a una situación económica de crisis profunda, con elevada inflación y desempleo creciente, el gran tema de ese medio año de gobierno debería haber sido el impulso a un proceso de cambio político, pero la omnipresente ley de reforma política enfrentaba a los partidarios de un proceso paulatino en la línea de lo deseado por Washington con los defensores de cambios menos ambiciosos, poco más que la continuidad de lo existente, con Arias Navarro a la cabeza.
José María de Areilza, el más aperturista de todos los ministros del gabinete que había llegado a ceder locales a CC.OO. en el periodo franquista, dejaba claro los límites de su postura en la entrevista concedida a José Luis Cebrián en abril de 1975: compromiso de los no comunistas y restar protagonismo a Comisiones Obreras (a las que consideraba parte del comunismo organizado, la más preocupante por su representatividad y capacidad de movilización) mediante el pluralismo sindical. Es tanto como decir que ese era el límite máximo de un gobierno donde el presidente se alineaba con el área más inmovilista y pretendía ir más despacio y no llegar tan lejos.
En el terreno de la política impulsada desde el gobierno, aparte de la represión a lo mucho que consideraban que iba más allá de lo admisible, destacaron dos frentes de actuación no necesariamente coordinados, los debates internos de las diferentes familias del franquismo sobre la reforma política y la política de gestos y contactos para perfilar una vía lenta hacia una democracia parcial
El gobierno, tras la confirmación de Arias Navarro, fue nombrado el 11 de diciembre, sobre la situación de la España del momento es ilustrativo que en el mismo número de La Vanguardia en el que se informa de ello (edición del 12 de diciembre) aparecieran las siguientes noticias breves en un apartado de orden público: puesta a disposición de Marcelino Camacho ante el Tribunal de Orden Público (hacía escasos días que estaba en libertad por el indulto real), dos personas puestas a disposición del TOP por intentar un homenaje en la tumba de Pablo Iglesias, petición de permiso para procesar al sacerdote García Salve (procesado y condenado en el proceso 1001 contra los dirigentes de CC.OO.), perdón de la una multa impuesta al también sacerdote Díez Alegría, tres detenidos en Zaragoza puestos a disposición del juzgado por participar en un acto proamnistía, manifestación en Bilbao con las consiguientes retenciones de algunos participantes por parte de la policía nacional
La ley de reforma política fue el tema estrella de la vida política oficial en el periodo, la evidencia de la pugna interna entre los sectores más inmovilistas y los aperturistas fue su caótico final. tras meses de debate, idas y venidas, la norma que debía permitir la legalización de los partidos políticos acabó siendo aprobada y bloqueada en la Cortes que el 9 de junio acabaron por no debatir ni aprobar la modificación del código penal, imprescindible para poder aplicar la ley de asociaciones votada previamente. Por su parte, el Consejo Nacional del Movimiento entorpecía con dictamines desfavorables los proyectos que le iban llegando hasta el día antes del cese de Carlos Arias Navarro
En paralelo se iba desarrollando una política de gestos que buscaba atraer a parte de la oposición democrática. Así, se permitía lo que de hecho era el Congreso de la UGT entre el 15 y el 18 de abril, mientras que se impedía nada parecido a CC.OO. que no pudo celebrar una reunión de similares características en Madrid y acabó forzando la Asamblea de Barcelona en la iglesia de San Medir en un sólo día, el 11 de julio, ya con el nuevo gobierno presidido por Suárez. El 29 de marzo fueron detenidas 13 personas que iban a presentar el acuerdo de constituir Coordinación Democráticas (más conocida como Platajunta, de la que se hablará en una próxima entrada) de las que son puestas en libertad nueve y pasan a prisión Marcelino Camacho, de CC.OO. y el PCE, Javier Álvarez Dorronsoro del Movimiento Comunista, Nazario Aguado del Partido del Trabajo y Antonio García Trevijano, independiente afín a la derecha monárquica democrática y miembro de la Junta Democrática, los tres primeros estuvieron en prisión hasta finales de mayo y el último hasta mediados de junio, mientras que los restantes detenidos, vinculados a diferentes partidos socialistas, democristianos, etcétera fueron puestos en libertad. Que la figura más conocida de CC.OO. estuviera de nuevo en prisión mientras la UGT realizaba su congreso con consentimiento gubernamental, o que se encarcelara a los detenidos de la Platajunta vinculados a opciones de carácter comunistas y a un independiente integrado en el organismo unitario impulsado por el PCE no era una casualidad, mientras ellos estaban en prisión Manuel Fraga, ministro del Interior y uno de os hombre fuertes del gobierno se reunió con Felipe González (PSOE) y Nicolás Redondo (UGT), el rey recibía a Gil Robles o el ministro de Exteriores, Areilza, proponía públicamente un pacto nacional a la oposición moderada
Si bien la tendencia general fue la del tratamiento diferenciado dependiendo de la tendencia política la combinación de represión y gestos de permisividad siguió pautas de arbitrariedad de todo tipo. Valga un ejemplo local, el 17 de abril fue detenido en Madrid el egarense Domènech Martínez, en aquel momento máximo dirigente de la Joventut Comunista de Catalunya y miembro de la dirección de la UJCE, las juventudes del PCE, según los autos él y los otros dirigentes de la UJCE detenidos estaban preparando los actos del 1º de mayo. Torturados en las dependencias de la Dirección General de Seguridad de Madrid pasaron a la cárcel de Carabanchel hasta la puesta en libertad el día 15 de junio, mientras tanto, en Terrassa, la ciudad del mencionado Doménech Martínez, se pudo pactar con las autoridades y organizar el primer miting comunista (del PSUC) en toda España el día 29 de mayo. La contradicción entre permitir un acto público de los comunistas catalanes (que llenaron el pabellón deportivo) y al mismo tiempo tener detenido a responsable de sus juventudes no deja de ser indicativa del pulso político que se estaba manteniendo
Mientras la política institucional se movía entre estas dos vías de inmovilismo y reforma lenta la oposición clandestina desarrollaba su actividad y la presión en la calle, pero de eso y del papel de la violencia en esos meses se tratará en una próxima entrada
dilluns, 19 d’agost del 2019
EL FRACASO DEL FRANQUISMO SIN FRANCO (I)
Desde la muerte de Franco a las elecciones generales del 15 de junio de 1977 transcurre poco más de un año y medio. Aunque parecía claro que había cosas que tendrían que cambiar se entra en un periodo convulso que tiene poco que ver con la narración casi idílica del proceso de la Transición que se ha transmitido habitualmente, básicamente porque no hubo un plan trazado que se desarrollara según lo previsto, el proceso no fue lineal e iba a acabar reflejando el equilibrio de debilidades del continuismo y de los partidarios de la ruptura con el régimen franquista.
En las próximas entradas voy a analizar ese proceso dividiéndolo en tres fases, la primera de la cuales es la del intento de seguir, con algunos avances que no acababan de definirse, con las ideas de lo que se había denominado espíritu del 12 de febrero. La continuidad de Carlos Arias Navarro como Jefe de Gobierno, con la incorporación de ministros de los que se podrían considerar como aperturistas dentro del régimen, daban una idea de lo poco ambiciosos que eran los objetivos iniciales en el reinado de Juan Carlos I, fuese por propias convicciones, por los condicionantes que tenía o, muy probablemente, por una combinación de diversos factores
Tras un indulto en diciembre de 1975 (nada que ver con una amnistía) que en nada se diferenciaba de los que habían sido habituales en el franquismo como medida de gracia para conmemorar una celebración, se entró de lleno en un primer semestre de 1976 que fue determinante para lo que sucedería en España en los años inmediatamente posteriores.
Comparar el contenido de los mensajes navideños del rey de 1975 (aquí) y 1976 (aquí) da una idea del cambio de escenario, de hablar de la herencia del recién fallecido dictador y evitar cualquier referencia directa a la política o la conflictividad social a usar expresiones como derechos humanos, libertad o la "vocación" de los ciudadanos por la política, a reivindicar la monarquía (sin calificarla de parlamentaria) como el mejor instrumento para mantener la unidad dentro de "la paz y el orden" o a hablar de "una equitativa distribución de las cargas y los beneficios". Del anclaje en el pasado se pasó en un año a un discurso en el que subyacía la idea de que existía el riesgo de perderlo todo si no había cambios más o menos profundos
Fue el miedo a perder el control y acabar en una situación similar a la del Portugal tras la Revolución de los Claveles lo que provocó que los cambios se aceleraran y fueran más allá de lo que se pretendía, eso se expresó de forma especialmente clara en el primer semestre de 1976, de la misma forma que en el segundo semestre empezó a mostrase el límite de la capacidad de presión de quienes pretendían la ruptura, de lo que ya se hablará en su momento.
1976 se inicia con una oleada de huelgas a la que ayudó que Villar Mir, Ministro de Haciendo en el nuevo gobierno de Arias Navarro y vicepresidente para asuntos económicos, hablara de que los salarios subían más que los precios cuando se vivían las limitaciones de incrementos salariales que se decretó el 8 de abril de 1975 para aquel año y que se prorrogó para 1976 por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre y estaban pendientes de negociar dos tercios de los convenios colectivos. La inflación de 1975 había sido de media superior al 17 % y había acabado el año por encima del 14 %, sin que la previsión pudiera ser optimista para 1976, de hecho fue en aumento, en parte también, pero sólo en parte, por los incrementos salariales que se acabaron forzando y que en muchas ocasiones consiguieron romper el tope salarial. A la conflictividad laboral contribuyó el impacto sobre el empleo causado por la crisis económica, con un incremento importante del cierre de empresas y del número de parados
La inmensa mayoría de huelgas tuvieron un origen estrictamente laboral, lo que no significa que no existiera una voluntad de que confluyeran para presionar políticamente. Ese origen en conflictos laborales puros daba fortaleza a las movilizaciones y a la vez mostraba sus límites ya que la presión disminuyó a medida que los procesos de negociación finalizaban con mejor o peor resultado. No hubo un planteamiento de huelga general política hasta el segundo semestre del año y, como se verá, puede considerarse una movilización fallida. El gran problema para un gobierno que no había superado el marco legal franquista (y que no evidenciaba claramente que quisiera superarlo) era que todos los conflictos acababan teniendo contenido político y eso generaba temor a que se derrumbara todo el edificio institucional. Es imprescindible analizar esa dinámica para entender lo que fue la Transición, nunca como en ese momento estuvo la oposición antifranquista tan cerca de forzar la ruptura y ello condicionó los movimientos que se dieron en el terreno político institucional
Ya en enero se producen confluencias de huelgas que afectaban a sectores estratégicos, en el primer trimestre del año se registraron más de 17000 huelgas (unas 2500 en el 3er trimestre de 1975 y no llegaron a mil en el 4º) que por definición eran ilegales porque la legislación no contemplaba el derecho de huelga. Respondían casi siempre a negociaciones de convenios colectivos, pero para hacerlo debían saltarse necesariamente la legalidad. Para convocar huelgas, para componer las mesas negociadoras con representantes de los trabajadores que pertenecían a organizaciones sindicales ilegales, con un predominio absoluto en aquellos momentos de CC.OO., o para romper los topes salariales que se pretendían imponer. Frente a esa situación las empresas podían optar por la represión o por olvidarse del marco legal y negociar con quienes entendían que podían ser interlocutores válidos, tanto en un supuesto como en otro (hubo respuestas empresariales de todo tipo) las autoridades quedaban en mal lugar, o desautorizadas o enfrentadas a una conflictividad que podía extenderse. En resumen, cualquier huelga incluía reclamaciones no estrictamente laborales como la libertad sindical o el derecho de huelga y cualquier respuesta era un problema para el poder político. Con miles de huelgas convocadas en todo el país el temor a perder el control de la situación era grande en los cargos políticos que han dejado referencias y también en gran parte del empresariado. Además, la conflictividad no se limitó a los focos tradicionales de presencia del movimiento obrero, Madrid, por ejemplo, fue un foco potente de la oleada de huelgas sin que hubiera una gran tradición obrerista como las de Catalunya, Euskadi o Asturias
El miedo a que la conflictividad laboral trascendiera los límites de las reivindicaciones por los salarios o las condiciones de trabajo era real y tenía fundamentos. Así, Fraga, Ministro de Gobernación de aquel gobierno, ante la huelga general que estaba convocada en Vitoria para el 3 de marzo, veía en la huelga general de febrero en Sabadell una "ocupación de la ciudad, casi como en Petrogrado en 1917". Casos como el de LAFORSA en Cornellà lo ilustran, el 11 de noviembre de 1975 fue despedido un trabajador por un error en el proceso de producción, siguió la huelga de la plantilla para pedir su readmisión y el despido de todos los que participaron en la huelga, incluyendo a los Jurados de Empresa (lo que actualmente sería el Comité de Empresa). La lucha de los despedidos impulsa la solidaridad creciente de otras empresas y la convocatoria de una huelga general en la ciudad con un seguimiento destacable desde el 19 de enero, como es normal mayor en las grandes empresas de la población. La reconducción del tema pasó por la readmisión de la totalidad de la plantilla, aunque con la aceptación de sanciones por parte de un reducido número de trabajadores.
Si en el caso de LAFORSA fue un conflicto laboral que se extendió por vía de la solidaridad (con estos precedentes no es de extrañar que el decreto de 1977 que aún regula las huelgas en España prevea las huelgas de solidaridad como uno de los supuestos por los que legalmente no pueden convocarse) en el caso de Sabadell al que hacía referencia Manuel Fraga la huelga estuvo provocada por una acumulación de tensiones de todo tipo y no estrictamente laborales, lo que la hacía más preocupante si cabe. El malestar ciudadano ya se arrastraba del otoño de 1975, con el movimiento vecinal a la cabeza y la actuación del falangista alcalde Burrull en el punto de mira, en febrero se producen actuaciones policiales que son el detonante, con una huelga de enseñanza prevista las cargas policiales del día 13 producen heridas en niños que se estaban manifestando con sus padres y, finalmente, el 19 de febrero, la muerte por disparo de bala de la policía de un profesor que estaba mirando desde su ventana la manifestación de los enseñantes. El 23 de febrero las principales empresas de la ciudad se declararon en huelga, a lo que sucede la detención diversos dirigentes obreros y las tensiones propias con la policía, con unas concentraciones que no disminuían. El 26 de febrero una multitudinaria asamblea decide mantener la huelga hasta la liberación de los detenidos, 8 de los cuales comparecieron esa misma tarde en libertad, acompañados de su abogado (Toni Farrés, que acabaría siendo el primer alcalde democrático de Sabadell) que anunció que el ayuntamiento se había comprometido a pagar la fianza de los 3 detenidos que quedaban. Esa misma tarde el alcalde Burrull presentó su renuncia provisional para no volver nunca más. Las características de la situación fueron excepcionales, con la puesta en libertad de los detenidos y un ayuntamiento franquista importante claudicando ante una movilización que desbordaba el ámbito de las reclamaciones laborales, el miedo que expresaba el Ministro de Gobernación días después, comparando lo sucedido con la situación en Vitoria poco antes de la matanza policial en dicha ciudad, resulta muy elocuente.
La matanza de Vitoria del 3 de marzo no fue ninguna fatalidad. El temor del que ya se ha hablado a perder el control de la calle fue determinante. El caso de Vitoria tiene casi todos los ingredientes de las movilizaciones obreras de aquellos meses, se había iniciado en enero con la huelga de Forjas Alavesas y se había extendido a otras empresas, con un origen en las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo y la continuación con medidas de represión empresarial. A lo largo de dos meses se habían convocado dos huelgas generales en la ciudad y estaba convocada una nueva para el día 3 de marzo. La actuación policial de ese día sobrepasó en brutalidad a cualquier otra, miles de personas estaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco y la operación policial desencadenó una auténtica tragedia, lanzando gases lacrimógenos para forzar el abandono del recinto (contra la opinión del párroco y violando el concordato) y actuando contra los que salían medio asfixiados con disparos de todo tipo de proyectiles, incluido el fuego real: el resultado fue de 5 muertos y más de un centenar de heridos. Hay que hacer un gran ejercicio de abstracción de la realidad de aquel momento para no apreciar la voluntad de definir los límites, de lanzar un aviso a navegantes de cara a posibles conflictos
Son sólo ejemplos destacados de la extensión de unas huelgas que también paralizaron el transporte público de Madrid y se expresaron en movilizaciones laborales extendidas por todo el territorio español. He empezado el análisis de lo sucedido en ese primer semestre de 1976 con la galerna de huelgas (como la definen Alfonso Sabio y Nicolás Sartorius en su obra El final de la dictadura) porque con frecuencia se olvida el que fue elemento clave de proceso histórico de la Transición, el miedo de los poderes públicos y gran parte del poder económico a que la situación les sobrepasara. Si hubo cesiones paulatinas no fue tanto por las convicciones de los protagonistas individuales que aparecen con nombres destacados como por miedo a perderlo todo, algo muy habitual en contextos históricos diversos. De entre esos temores el mayor lo producía un movimiento obrero que ya se había escapado del control por los cauces oficiales (aquí) y en el que CC.OO. tenía un protagonismo casi absoluto. La oleada de huelgas se concentró en el primer trimestre y si su número cayó espectacularmente en el 2ª trimestre del año, de más de 17.000 a 1500, no parece que fuera esto motivado por el "escarmiento" de Vitoria y otras actuaciones represivas ya que volvieron a repuntar en el siguiente semestre, sino porque se había intentado concentrar las negociaciones colectivas y las movilizaciones para desbloquearlas y una vez finalizados los procesos negociadores las huelgas fueron disminuyendo hasta que se iniciaron nuevos procesos de negociación laboral
Al Primero de Mayo se llegó con las manifestaciones prohibidas para esa fecha y con dirigentes obreros de nuevo detenidos, como en el caso de Marcelino Camacho otra vez por aquellas fechas después de salir en libertad con el indulto de diciembre, pero el gobierno de Arias Navarro estaba condenado, además de por su incapacidad para tomar la iniciativa en las reformas que se suponía debía abordar, por una situación social potencialmente peligrosa, sólo teniendo eso presente puede entenderse el giro que adopta el poder político a partir del nombramiento de un Adolfo Suárez que no había destacado hasta entonces por confrontarse a lo que se venía haciendo. La monarquía que veía en noviembre de 1975 a los sectores involucionistas como su gran problema de supervivencia vistas las trabas que había puesto el búnker a las tímidas iniciativas del último gobierno de Franco (aquí) fue consciente de que su permanencia podía cuestionarse también por la presión popular si no actuaba, los problemas para Juan Carlos I eran otros como han dejado claro los contenidos de los mensajes navideños de esos dos años
En la próxima entrada se analizará el contexto político, pero, además de ser de de justicia, es necesario reflejar el ambiente socio-laboral, casi siempre ignorado, que condicionó las actuaciones políticas de aquel año clave de la Transición
En las próximas entradas voy a analizar ese proceso dividiéndolo en tres fases, la primera de la cuales es la del intento de seguir, con algunos avances que no acababan de definirse, con las ideas de lo que se había denominado espíritu del 12 de febrero. La continuidad de Carlos Arias Navarro como Jefe de Gobierno, con la incorporación de ministros de los que se podrían considerar como aperturistas dentro del régimen, daban una idea de lo poco ambiciosos que eran los objetivos iniciales en el reinado de Juan Carlos I, fuese por propias convicciones, por los condicionantes que tenía o, muy probablemente, por una combinación de diversos factores
Tras un indulto en diciembre de 1975 (nada que ver con una amnistía) que en nada se diferenciaba de los que habían sido habituales en el franquismo como medida de gracia para conmemorar una celebración, se entró de lleno en un primer semestre de 1976 que fue determinante para lo que sucedería en España en los años inmediatamente posteriores.
Comparar el contenido de los mensajes navideños del rey de 1975 (aquí) y 1976 (aquí) da una idea del cambio de escenario, de hablar de la herencia del recién fallecido dictador y evitar cualquier referencia directa a la política o la conflictividad social a usar expresiones como derechos humanos, libertad o la "vocación" de los ciudadanos por la política, a reivindicar la monarquía (sin calificarla de parlamentaria) como el mejor instrumento para mantener la unidad dentro de "la paz y el orden" o a hablar de "una equitativa distribución de las cargas y los beneficios". Del anclaje en el pasado se pasó en un año a un discurso en el que subyacía la idea de que existía el riesgo de perderlo todo si no había cambios más o menos profundos
Fue el miedo a perder el control y acabar en una situación similar a la del Portugal tras la Revolución de los Claveles lo que provocó que los cambios se aceleraran y fueran más allá de lo que se pretendía, eso se expresó de forma especialmente clara en el primer semestre de 1976, de la misma forma que en el segundo semestre empezó a mostrase el límite de la capacidad de presión de quienes pretendían la ruptura, de lo que ya se hablará en su momento.
1976 se inicia con una oleada de huelgas a la que ayudó que Villar Mir, Ministro de Haciendo en el nuevo gobierno de Arias Navarro y vicepresidente para asuntos económicos, hablara de que los salarios subían más que los precios cuando se vivían las limitaciones de incrementos salariales que se decretó el 8 de abril de 1975 para aquel año y que se prorrogó para 1976 por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre y estaban pendientes de negociar dos tercios de los convenios colectivos. La inflación de 1975 había sido de media superior al 17 % y había acabado el año por encima del 14 %, sin que la previsión pudiera ser optimista para 1976, de hecho fue en aumento, en parte también, pero sólo en parte, por los incrementos salariales que se acabaron forzando y que en muchas ocasiones consiguieron romper el tope salarial. A la conflictividad laboral contribuyó el impacto sobre el empleo causado por la crisis económica, con un incremento importante del cierre de empresas y del número de parados
La inmensa mayoría de huelgas tuvieron un origen estrictamente laboral, lo que no significa que no existiera una voluntad de que confluyeran para presionar políticamente. Ese origen en conflictos laborales puros daba fortaleza a las movilizaciones y a la vez mostraba sus límites ya que la presión disminuyó a medida que los procesos de negociación finalizaban con mejor o peor resultado. No hubo un planteamiento de huelga general política hasta el segundo semestre del año y, como se verá, puede considerarse una movilización fallida. El gran problema para un gobierno que no había superado el marco legal franquista (y que no evidenciaba claramente que quisiera superarlo) era que todos los conflictos acababan teniendo contenido político y eso generaba temor a que se derrumbara todo el edificio institucional. Es imprescindible analizar esa dinámica para entender lo que fue la Transición, nunca como en ese momento estuvo la oposición antifranquista tan cerca de forzar la ruptura y ello condicionó los movimientos que se dieron en el terreno político institucional
Ya en enero se producen confluencias de huelgas que afectaban a sectores estratégicos, en el primer trimestre del año se registraron más de 17000 huelgas (unas 2500 en el 3er trimestre de 1975 y no llegaron a mil en el 4º) que por definición eran ilegales porque la legislación no contemplaba el derecho de huelga. Respondían casi siempre a negociaciones de convenios colectivos, pero para hacerlo debían saltarse necesariamente la legalidad. Para convocar huelgas, para componer las mesas negociadoras con representantes de los trabajadores que pertenecían a organizaciones sindicales ilegales, con un predominio absoluto en aquellos momentos de CC.OO., o para romper los topes salariales que se pretendían imponer. Frente a esa situación las empresas podían optar por la represión o por olvidarse del marco legal y negociar con quienes entendían que podían ser interlocutores válidos, tanto en un supuesto como en otro (hubo respuestas empresariales de todo tipo) las autoridades quedaban en mal lugar, o desautorizadas o enfrentadas a una conflictividad que podía extenderse. En resumen, cualquier huelga incluía reclamaciones no estrictamente laborales como la libertad sindical o el derecho de huelga y cualquier respuesta era un problema para el poder político. Con miles de huelgas convocadas en todo el país el temor a perder el control de la situación era grande en los cargos políticos que han dejado referencias y también en gran parte del empresariado. Además, la conflictividad no se limitó a los focos tradicionales de presencia del movimiento obrero, Madrid, por ejemplo, fue un foco potente de la oleada de huelgas sin que hubiera una gran tradición obrerista como las de Catalunya, Euskadi o Asturias
El miedo a que la conflictividad laboral trascendiera los límites de las reivindicaciones por los salarios o las condiciones de trabajo era real y tenía fundamentos. Así, Fraga, Ministro de Gobernación de aquel gobierno, ante la huelga general que estaba convocada en Vitoria para el 3 de marzo, veía en la huelga general de febrero en Sabadell una "ocupación de la ciudad, casi como en Petrogrado en 1917". Casos como el de LAFORSA en Cornellà lo ilustran, el 11 de noviembre de 1975 fue despedido un trabajador por un error en el proceso de producción, siguió la huelga de la plantilla para pedir su readmisión y el despido de todos los que participaron en la huelga, incluyendo a los Jurados de Empresa (lo que actualmente sería el Comité de Empresa). La lucha de los despedidos impulsa la solidaridad creciente de otras empresas y la convocatoria de una huelga general en la ciudad con un seguimiento destacable desde el 19 de enero, como es normal mayor en las grandes empresas de la población. La reconducción del tema pasó por la readmisión de la totalidad de la plantilla, aunque con la aceptación de sanciones por parte de un reducido número de trabajadores.
Si en el caso de LAFORSA fue un conflicto laboral que se extendió por vía de la solidaridad (con estos precedentes no es de extrañar que el decreto de 1977 que aún regula las huelgas en España prevea las huelgas de solidaridad como uno de los supuestos por los que legalmente no pueden convocarse) en el caso de Sabadell al que hacía referencia Manuel Fraga la huelga estuvo provocada por una acumulación de tensiones de todo tipo y no estrictamente laborales, lo que la hacía más preocupante si cabe. El malestar ciudadano ya se arrastraba del otoño de 1975, con el movimiento vecinal a la cabeza y la actuación del falangista alcalde Burrull en el punto de mira, en febrero se producen actuaciones policiales que son el detonante, con una huelga de enseñanza prevista las cargas policiales del día 13 producen heridas en niños que se estaban manifestando con sus padres y, finalmente, el 19 de febrero, la muerte por disparo de bala de la policía de un profesor que estaba mirando desde su ventana la manifestación de los enseñantes. El 23 de febrero las principales empresas de la ciudad se declararon en huelga, a lo que sucede la detención diversos dirigentes obreros y las tensiones propias con la policía, con unas concentraciones que no disminuían. El 26 de febrero una multitudinaria asamblea decide mantener la huelga hasta la liberación de los detenidos, 8 de los cuales comparecieron esa misma tarde en libertad, acompañados de su abogado (Toni Farrés, que acabaría siendo el primer alcalde democrático de Sabadell) que anunció que el ayuntamiento se había comprometido a pagar la fianza de los 3 detenidos que quedaban. Esa misma tarde el alcalde Burrull presentó su renuncia provisional para no volver nunca más. Las características de la situación fueron excepcionales, con la puesta en libertad de los detenidos y un ayuntamiento franquista importante claudicando ante una movilización que desbordaba el ámbito de las reclamaciones laborales, el miedo que expresaba el Ministro de Gobernación días después, comparando lo sucedido con la situación en Vitoria poco antes de la matanza policial en dicha ciudad, resulta muy elocuente.
La matanza de Vitoria del 3 de marzo no fue ninguna fatalidad. El temor del que ya se ha hablado a perder el control de la calle fue determinante. El caso de Vitoria tiene casi todos los ingredientes de las movilizaciones obreras de aquellos meses, se había iniciado en enero con la huelga de Forjas Alavesas y se había extendido a otras empresas, con un origen en las reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo y la continuación con medidas de represión empresarial. A lo largo de dos meses se habían convocado dos huelgas generales en la ciudad y estaba convocada una nueva para el día 3 de marzo. La actuación policial de ese día sobrepasó en brutalidad a cualquier otra, miles de personas estaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco y la operación policial desencadenó una auténtica tragedia, lanzando gases lacrimógenos para forzar el abandono del recinto (contra la opinión del párroco y violando el concordato) y actuando contra los que salían medio asfixiados con disparos de todo tipo de proyectiles, incluido el fuego real: el resultado fue de 5 muertos y más de un centenar de heridos. Hay que hacer un gran ejercicio de abstracción de la realidad de aquel momento para no apreciar la voluntad de definir los límites, de lanzar un aviso a navegantes de cara a posibles conflictos
Son sólo ejemplos destacados de la extensión de unas huelgas que también paralizaron el transporte público de Madrid y se expresaron en movilizaciones laborales extendidas por todo el territorio español. He empezado el análisis de lo sucedido en ese primer semestre de 1976 con la galerna de huelgas (como la definen Alfonso Sabio y Nicolás Sartorius en su obra El final de la dictadura) porque con frecuencia se olvida el que fue elemento clave de proceso histórico de la Transición, el miedo de los poderes públicos y gran parte del poder económico a que la situación les sobrepasara. Si hubo cesiones paulatinas no fue tanto por las convicciones de los protagonistas individuales que aparecen con nombres destacados como por miedo a perderlo todo, algo muy habitual en contextos históricos diversos. De entre esos temores el mayor lo producía un movimiento obrero que ya se había escapado del control por los cauces oficiales (aquí) y en el que CC.OO. tenía un protagonismo casi absoluto. La oleada de huelgas se concentró en el primer trimestre y si su número cayó espectacularmente en el 2ª trimestre del año, de más de 17.000 a 1500, no parece que fuera esto motivado por el "escarmiento" de Vitoria y otras actuaciones represivas ya que volvieron a repuntar en el siguiente semestre, sino porque se había intentado concentrar las negociaciones colectivas y las movilizaciones para desbloquearlas y una vez finalizados los procesos negociadores las huelgas fueron disminuyendo hasta que se iniciaron nuevos procesos de negociación laboral
Al Primero de Mayo se llegó con las manifestaciones prohibidas para esa fecha y con dirigentes obreros de nuevo detenidos, como en el caso de Marcelino Camacho otra vez por aquellas fechas después de salir en libertad con el indulto de diciembre, pero el gobierno de Arias Navarro estaba condenado, además de por su incapacidad para tomar la iniciativa en las reformas que se suponía debía abordar, por una situación social potencialmente peligrosa, sólo teniendo eso presente puede entenderse el giro que adopta el poder político a partir del nombramiento de un Adolfo Suárez que no había destacado hasta entonces por confrontarse a lo que se venía haciendo. La monarquía que veía en noviembre de 1975 a los sectores involucionistas como su gran problema de supervivencia vistas las trabas que había puesto el búnker a las tímidas iniciativas del último gobierno de Franco (aquí) fue consciente de que su permanencia podía cuestionarse también por la presión popular si no actuaba, los problemas para Juan Carlos I eran otros como han dejado claro los contenidos de los mensajes navideños de esos dos años
En la próxima entrada se analizará el contexto político, pero, además de ser de de justicia, es necesario reflejar el ambiente socio-laboral, casi siempre ignorado, que condicionó las actuaciones políticas de aquel año clave de la Transición
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